Cataluña mantiene una deuda con Renfe que asciende a 291 millones

El ‘Govern’ abre más de un centenar de expedientes sancionadores a la firma de transporte, lo que la empresa considera un intento para «confundir a la opinión pública».

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La Generalitat catalana mantiene una deuda de 291 millones con Renfe, según anunció ayer la empresa ferroviaria, por el coste de la prestación del servicio en 2011 y 2012, más las cantidades pendientes de 2010, así como el llamado Plan de Acción, que soporta peticiones adicionales del Ejecutivo catalán a los servicios transferidos, y que tampoco ha sido abonado. La compañía, además, sostuvo en su comunicado que el Gobierno de Artur Mas pretende «confundir a la opinión pública» con el centenar de expedientes sancionadores abiertos a la operadora de transportes por no prestar los servicios comprometidos.

Los informes de castigo a los que aludió la empresa fueron anunciados anteriormente por la Consejería de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat que explicó que en tres meses resolverá el más de un centenar de sanciones a la operadora ferroviaria por incumplir las condiciones generales de utilización de los servicios ferroviarios en Cataluña (las multas podrían alcanzar una suma de entre 750.125 y 3.750.000 euros). Una medida que, según el consejero Lluís Recoder, «no es recaudatoria», sino que busca que Renfe rectifique y preste el servicio que merecen los usuarios.

Sin embargo, la compañía señaló que estudiará acciones para la defensa de sus intereses con sus servicios jurídicos, y recordó que la Generalitat tiene pendiente abonarle cantidades del 2010, así como el Plan de Acción. A su juicio, el Gabinete catalán «busca confundir a la opinión pública», porque aún tiene pendiente la firma del contrato-programa que regula el servicio de Rodalies con Renfe Operadora y que debería haber estado vigente desde el 1 de enero de 2011, ya que ofrece un marco de relación entre el titular del servicio y el que lo presta.

Asimismo, hizo hincapié en que el Ejecutivo catalán no ha convocado desde el 4 de junio el órgano mixto al que deben llevarse las nuevas Condiciones Generales de Utilización de los Servicios Ferroviarios aprobados por la Generalitat . «Este bloqueo injustificado está imposibilitando que se puedan llevar a cabo las mejoras consensuadas en el servicio», apuntó la empresa.

Por su parte, el Gobierno de Mas negó que tenga ninguna deuda con Renfe por la prestación de sus servicios en la región y subrayó que es el Ministerio de Fomento el que debe pagar, ya que la Administración regional se negó en su día a asumir el coste de unas competencias que le llegaban sin contraprestaciones económicas.

No obstante, la ministra de la cartera de Fomento, Ana Pastor, subrayó que el Estado «transfirió» en su momento a la Comunidad el servicio ferroviario de Cercanías, aunque recordó que el Gobierno central sigue poniendo «los profesionales, la vía y el tren».