Cárcel para un ex consejero cántabro por prevaricación y obstrucción a la Justicia

El socialista Javier del Olmo es sentenciado a dos años y medio de prisión y siete de inhabilitación por un despido improcedente

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El Juzgado de lo Penal número 2 de Santander condenó ayer al ex consejero de Industria de Cantabria Javier del Olmo (PSOE) a dos años y medio de cárcel y siete de inhabilitación por delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia cometidos cuando presidía el puerto de la capital entre los años 2004 y 2007.

En la sentencia se considera probado que el dirigente socialista despidió y amedrentó al directivo de la autoridad portuaria José Manuel del Río por haber declarado en un juicio laboral a favor de otro empleado de ese organismo público, Antonio Martínez, quien también sufrió por parte del acusado «un maltrato, una humillación y una afrenta totalmente indebida». Además, el juez entiende que Del Olmo, que dimitió del cargo de consejero al ser acusado por la Fiscalía, actuó «con la única finalidad de asegurar el castigo y la represalia» a su víctima y «con ánimo de atentar contra el normal funcionamiento de la Administración de Justicia».

Asimismo, el fallo indica que el condenado, cuando se incorporó al Gobierno de Cantabria, entendió que la declaración que prestó Del Río ante el Juzgado de lo Social en un procedimiento que había iniciado Martínez para reclamar su categoría laboral determinó un pronunciamiento contrario a los intereses del Puerto.

Como consecuencia de ello, el presidente del Puerto convocó al directivo a una reunión en la que «le expresó su malestar porque hubiera declarado como testigo» y por sus manifestaciones y, de acuerdo con los hechos probados en el fallo, lo amedrentó «con ánimo de castigar sus aseveraciones» y le dijo que lo iba a echar. Unos días después, Del Río fue despedido, pero presentó una demanda ante la jurisdicción social, que declaró la nulidad de esa acción por considerarlo una «represalia».

Para el magistrado, Del Olmo ordenó echar al directivo «con total y absoluta falta de competencia», ya que el ejercicio de sus funciones administrativas no le permitía realizar ese acto, que era competencia del consejo de administración del organismo público.

En lo que se refiere a Antonio Martínez, la sentencia señaló que el acusado, como presidente del Puerto, modificó sus condiciones de trabajo al incorporarse tras serle reconocida la categoría laboral y que también ordenó que se vigilaran las páginas web que visitaba.

A raíz de esa investigación, el ex consejero incoó un expediente que terminó en el despido de Martínez, aunque finalmente éste no llegó a concretarse y se sustituyó por una suspensión de un mes. De nuevo, los Juzgados de lo Social revocaron esa sanción.

El juez reprobó la conducta del dirigente socialista y advirtió de que «es lamentable» que «servidores públicos» evidencien un concepto de la Administración «de carácter patrimonial, como si ganar unas elecciones o pertenecer al partido vencedor de éstas legitimara para conculcar los principios básicos de la actividad pública».