Bruselas dicta que la norma sobre desahucios vulnera la ley de la UE

El presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, acata el auto mientras explica que los servicios jurídicos de su Gabinete solventarán los fallos en el procedimiento.

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Victoria. Ese es el sentimiento que impera en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) tras conocerse ayer el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), según el cual, la ley española sobre desahucios vulnera la norma comunitaria, porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en los créditos.

La legislación nacional no permite a los jueces paralizar un desalojo invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio, una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.

El fallo cree que esta protección a posteriori «resulta incompleta e insuficiente», ya que «no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda» sino que se limita «al pago de una indemnización por daños y perjuicios». «Basta con que los profesionales inicien un procedimiento de ejecución hipotecaria para privar a los consumidores de la protección que pretende garantizar la directiva», denunció la sentencia.

Así, el TUE declaró que «la norma española no se ajusta al principio de efectividad, ya que hace imposible o excesivamente difícil los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, desplegar la protección que la directiva confiere a éstos».

La sentencia del Tribunal de Luxemburgo responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia de un ciudadano, Mohamed Aziz, contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca. Éste declaró, eufórico, que «ojalá» todo esto sirva para acabar con el «drama» que viven miles de familias españolas, o al menos, para darles «esperanza».

Horas después, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sostuvo que, «lógicamente», se cumplirá la sentencia, a la vez que explicó que los servicios jurídicos están estudiando el fallo para solventar los «problemas de procedimiento» de la norma patria.

Ya desde el Congreso, el portavoz popular, Alfonso Alonso, indicó que con la reforma de la ley hipotecaria que tramita actualmente la Cámara Baja, la que aglutinará el proyecto derivado del decreto ley del Gobierno y la Iniciativa Legislativa Popular de la dación en pago, bastará para adaptar la norma al fallo, un proceso que se hará en breve plazo y que, como máximo, requerirá prorrogar hasta la próxima semana el plazo de enmiendas.

Mientras, Ada Colau, portavoz de la PAH, declaró que «los ciudadanos no pueden esperar más. Hemos tenido una paciencia infinita. Son medidas de mínimos para poder hacer borrón y cuenta nueva. Así, familias y afectados podrán volver a empezar a reconstruir sus vidas tras un procedimiento atroz».