La ministra de Economía de España, Nadia Calviño, y el secretario de Estado de Presupuestos sueco, Max Elger. / e. p.
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Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) pidieron ayer a España que apruebe ajustes estructurales por valor de 7.800 millones en 2020 (ya sea mediante recortes del gasto o aumentando los ingresos), ante el “riesgo de desviación significativa con respecto al ajuste presupuestario requerido en 2020” si no se producen “cambios en las políticas fiscales”.

Las recomendaciones del Ecofin (que ratificó sin cambios las propuestas que hizo la Comisión Europea el pasado junio) consideran que “un ajuste estructural anual del 0,65% del PIB, que corresponde a un índice de crecimiento máximo del gasto público primario neto del 0,9%, parece adecuado”. El Ejecutivo comunitario también pedía el mismo esfuerzo estructural para este año.

El Ecofin remarca además que España incumplirá los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en materia de deuda tanto este año como en 2020, por lo que insta a adoptar “las medidas necesarias”.

“La utilización de los ingresos extraordinarios que puedan obtenerse para continuar reduciendo la ratio de deuda de las Administraciones Públicas sería importante”, subraya el informe.

Dentro del mismo punto, la UE pide a España medidas para “fortalecer los marcos presupuestarios y de contratación pública”, preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones y destinar ingresos extraordinarios a acelerar la reducción de la deuda pública.

En materia laboral, los Veintiocho piden al Gobierno que favorezca una transición hacia contratos indefinidos y, en particular, a través de una simplificación de los incentivos a la contratación. Además, abogan por garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar un apoyo “efectivo”.

En la misma línea, el informe de recomendaciones para España propone mejorar el apoyo a las familias y resolver las “deficiencias” en la cobertura del sistema nacional de asistencia al desempleo y en los regímenes autonómicos de renta mínima.

También pide medidas para atajar el abandono escolar prematuro y para mejorar los resultados educativos. En este ámbito, el Ecofin añade que es necesario incrementar la cooperación entre el sector educativo y el empresarial para “mejorar las capacidades y cualificaciones demandadas en el mercado laboral”, con atención especial en el ámbito de las TIC.