El ministro de Fomento, José Blanco, quizá desconocedor de la fábula del pastor al que nadie creyó cuando, tras varias alarmas falsas, pidió auxilio para combatir al lobo, afirmó ayer que «hay un antes y un después» del «desafío a la soberanía nacional» del pasado 3 de diciembre, cuando los controladores abandonaron en masa su puesto de trabajo generando un caos aéreo que impidió a cientos de miles de españoles disfrutar del puente festivo. A juicio del socialista, tal realidad exige del Parlamento una respuesta tan «contundente» como «grave» que permita «evitar cualquier clase de tentaciones o recaídas».
Blanco, que ya hizo gala de una indignación semejante cuando el verano pasado los controladores también pusieron en jaque a todo el país, afirmó que ante el «chantaje» debe legislarse para que «la vuelta a la normalidad» sea irreversible.
Según el ministro, los controladores «embriagados por tantos años de continuas cesiones, han llegado a pensar que todo era posible para mantener sus privilegios, incluso poner de rodillas al Estado tomando como rehenes a cientos de miles de ciudadanos».
Blanco atribuyó la crisis al convenio de 1999, firmado bajo el Gobierno del PP, que «cedió gran parte de la organización del trabajo a los controladores», hasta el punto de que eran ellos mismos quienes determinaban las plantillas necesarias para la prestación de servicios y «monitorizaban la formación y el acceso a la profesión».
Además, el subalterno de Rodríguez Zapatero denunció que consiguieron hasta 600 horas extraordinarias, que se pagaban el triple que las normales. Tales acuerdos se tradujeron en que «algún controlador de Barajas» ganara casi un millón de euros en 2008 y «algún representante (del sindicato) USCA, 600.000, o sea 100 millones de pesetas», tal como recalcó el ministro.
Además, añadió, la central laboral del gremio presentó este año una propuesta que implicaba que en 2012 los costes de la navegación aérea en España fueran un 70 por ciento más elevados que en los países del entorno. Como parte de esa oferta, se pretendía que las retribuciones de aquellos controladores que se jubilasen a los 52 años cobrasen 170.000 euros anuales de forma vitalicia.
Ultimátum laboral
De ahí que, «cuando el actual Gobierno trató de acabar con estos privilegios, se iniciaron una serie de negociaciones que culminaron en el plante masivo del día 3, que no fue un episodio aislado, sino la culminación de un proceso de sucesivas amenazas, chantajes y coacciones», recalcó el socialista antes de añadir que, una vez concluya el estado de alarma, se intensificarán las conversaciones laborales, pero que si el 31 de enero no se ha llegado a un acuerdo «habrá que adoptar otras decisiones en relación con la negociación colectiva», que, supuestamente, consistiría en despidos masivos.
Por último, Blanco reiteró que, esta vez, no cederá al «chantaje» ni «se dará carpetazo a la reforma» de la navegación aérea, un plan que, además de vender el 49 por ciento de la empresa pública AENA, incluirá «la liberalización parcial de 13 torres de control», que se sacarán a concurso para que las gestionen nuevos proveedores distintos a AENA en «las próximas fechas», así como del resto de instalaciones de este tipo «a partir del año 2012», sin tampoco especificar cuál será el calendario.