Bildu estará en las elecciones

El Constitucional permite que la coalición vasca esté en las urnas, en contra de la decisión del Supremo.

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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) estimó anoche con el voto de seis magistrados frente a cinco el recurso contencioso-administrativo presentado por Bildu contra la sentencia del Tribunal Supremo que anuló las 254 listas de la coalición para los comicios del próximo 22 de mayo.

El tribunal considera que el Supremo vulneró el derecho a la participación política de la coalición integrada por EA, Alternatiba e «independientes» de la izquierda abertzale, consagrado en el artículo 23 de la Constitución.

A favor votaron Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega y Adela Asua y el presidente Pascual Sala, todos propuestos por el PSOE, mientras que en contra se pronunciaron Francisco Hernando, Ramón Rodríguez Arribas, Francisco Pérez de los Cobos y Javier Delgado, todos ellos designados a propuesta del PP. También votaron con este bloque Manuel Rodríguez Aragón, de tendencia progresista.

Se trata de la primera ocasión en la que el Pleno, encabezado por el presidente del Constitucional Pascual Sala, trató un asunto referido a la aplicación de la Ley de Partidos Políticos.

Tras una deliberación de casi tres horas, los 11 magistrados que conforman la Sala votaron y rechazaron la ponencia del magistrado Francisco José Hernando, que era contraria a la participación de Bildu en los comicios.

Unos minutos antes de que concluyera el plazo fijado para resolver por la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) a las 12 de la noche de ayer, los magistrados votaron y aprobaron por seis votos frente a cinco una ponencia alternativa, favorable al recurso de la coalición Sortu.

Horas antes, en Bilbao, miles de personas se manifestaron por las principales calles de la ciudad para reclamar que Bildu pudiera concurrir a los comicios. La marcha concluyó con una gran «sentada» en el Arenal de la capital vizcaína, donde los manifestantes esperaron a que el Constitucional terminara de deliberar e hiciera pública su decisión sobre la coalición soberanista.

Los líderes de EA y Alternatiba, Pello Urizar y Oskar Matute, que estaban acompañados del cabeza a lista de la coalición soberanista por Guipúzcoa, Martin Garitano, exigieron al Alto Tribunal «que no consumara el atropello democrático».

Un informe vincula a ETA con EA.-El Tribunal Constitucional tomó esta decisión a pesar de que la Guardia Civil aportara un día antes un nuevo documento en el que vincula a ETA-Batasuna con EA, uno de los partidos que con Alernatiba y abertzales independientes forman Bildu.

Se trata del acta de una reunión celebrada en febrero de 2009 entre representantes de Eusko Alkartasuna y la banda asesina, incautada por la Benemérita, que, según las mismas fuentes, podría servir para ilustrar los nexos entre ambas de cara a procesos electorales. Este escrito es fruto de la operación llevada a cabo por la Audiencia Nacional contra varios abogados de presos de la organización criminal.

En el informe se concluye que «ETA y EA coincidieron en la necesidad futura de articular una acumulación de fuerzas independentistas, para lo cual la banda ofrecía aportaciones en el ámbito de sus acciones terroristas». «Finalmente no hubo acuerdo en las elecciones europeas, si bien la organización criminal siguió apostando por la estrategia de acumulación de fuerzas independentistas y por realizar una alianza estratégica con EA, materializada finalmente en el acuerdo Lortu Arte firmado por el partido liderado por Pello Urizar y Batasuna», añade.

En esa alianza, firmada por EA y Batasuna el 20 de junio de 2010, ambas formaciones se fijan como objetivo la creación de un Estado vasco independiente y afirman que su prioridad es «la superación del conflicto político y la desaparición de todo tipo de violencias».

Las reacciones en el seno del grupo democrático fueron furibundas, comenzando por su fundador y ex lehendakari Carlos Garaikoetxea, que afirmó que ese informe constituye «una farsa policial y del propio Gobierno sin precedentes en un régimen democrático».