Arrestadas 32 personas que integraban una red de “funcionarios corruptos”

Los detenidos, trabajadores y políticos, facilitaban la concesión de contratos públicos a la empresa Fitonovo a cambio de sobornos l La trama se extiende por trece provincias de siete comunidades autónomas.

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Los agentes de la Unidad de Delitos contra la Administración de la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyeron ayer la denominada operación ‘Enredadera’ —derivada de la operación ‘Madeja’— con el arresto de un total de 32 personas a lo largo de trece provincias españolas y siete comunidades autónomas, según informaron fuentes de la investigación. El Instituto Armado cree que los detenidos formaron una red de “funcionarios corruptos” que facilitaban la concesión de contratos públicos a la empresa Fitonovo a cambio de sobornos.

Las fuentes consultadas explicaron que se han llevado a cabo todas las detenciones que estaban previstas inicialmente en el marco de estas diligencias que han estado dirigidas por la jueza del Juzgado de Instrucción Número Seis de Sevilla, Mercedes Alaya. La mayoría de los detenidos son precisamente funcionarios públicos, aunque también figuran varios políticos.

Fitonovo es una de las empresas con las que mantenía relaciones el que fuera director del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, cuyo patrimonio personal ascendió de manera considerable y sin justificar después del concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla SA.

Del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza como dinero o vehículos. Esto ya provocó que en julio y diciembre de 2013 se iniciasen nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de esta empresa.

Contabilidad paralela

Del análisis de la información incautada en aquella investigación la Guardia Civil ha averiguado que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, “habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos” que les facilitaban dicha contratación. A su vez crearon una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.

Precisamente ayer la jueza Alaya citó en su Juzgado a los empresarios de Fitonovo a los que les comunicó la ampliación de los delitos que se les imputan. Durante la cita en el Juzgado la magistrada hizo alusión a un supuesto pago de 85.000 euros que Fitonovo habría realizado Antonio Miguel Ruiz Carmona, actual vocal en la empresa pública Lipasam del Ayuntamiento de Sevilla y que se encuentra entre los detenidos.

En la legislatura anterior Ruiz Carmona desempeñó el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el anterior mandato cuando dicha área era responsabilidad del primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU). El pago al que hizo referencia Alaya se habría realizado en una caja de zapatos antes de las elecciones municipales de 2011.