El juicio se iniciará con una gran expectación mediática, cuyos precedentes más recientes pueden situarse en las vistas por el caso ‘Nóos’.
El juicio se iniciará con una gran expectación mediática, cuyos precedentes más recientes pueden situarse en las vistas por el caso ‘Nóos’. / efe
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La acreditación o no de la violencia en el desarrollo del ‘procés’ independentista que estalló en el otoño de 2017 en Cataluña será la clave del juicio que se iniciará este martes en el Tribunal Supremo contra 12 de los protagonistas de estos hechos, que causaron una crisis política y social sin precedentes y provocaron que el Gobierno suspendiera por primera vez la autonomía de dicha región mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Las penas a las que se enfrentan oscilan entre los 7 y los 25 años de cárcel.

Este proceso singular, tanto por los hechos sometidos a examen como por los delitos que se atribuyen a los encausados —entre ellos el de rebelión— se celebra con la ausencia, por haber huido de la Justicia, del que fuera entonces presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Carles Puigdemont, quien ha establecido su base en Bélgica; y de la secretaria de ERC Marta Rovira, que se esconde en Suiza y está acusada de ser una de las principales estrategas de la hoja de ruta por cuyo cumplimento se sientan en el banquillo tanto el exvicepresidente Oriol Junqueras como los otros once encausados.

El juicio se iniciará con una gran expectación mediática, cuyos precedentes más recientes pueden situarse en las vistas por el caso ‘Nóos’ en el que por primera vez se enjuició a una Infanta de España o en las celebradas para dirimir las responsabilidades por los atentados del 11-M en Madrid.
En total se han acreditado 600 periodistas de 150 medios diferentes, de los que medio centenar son extranjeros, siendo los más numerosos los alemanes y franceses, seguidos de holandeses y suizos, aunque también asistirán periodistas de EEUU, Rusia y China.

Los interrogatorios se centrarán previsiblemente en acreditar la existencia o no de violencia durante el referéndum del 1-0 y sobre todo durante el 20 de septiembre de 2017, cuando tuvo lugar la masiva concentración frente a la Consejería de Economía tras la orden de registro dada por un juez de Barcelona que investigaba la organización de la consulta ilegal.

La Fiscalía alude en una veintena de ocasiones a la existencia de violencia en su escrito de conclusiones provisionales para sustentar su acusación por rebelión. Así, considera a Junqueras (para el que pide 25 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por rebelión y malversación de fondos públicos), a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (17 años por rebelión) y a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (17 años por rebelión), como los “principales promotores” del desafío soberanista.

La legalidad

Asimismo, incide en que todos ellos pretendían orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, con el fin último de declarar la independencia y “obligar al Estado a aceptar la separación” de este territorio.

El plan secesionista, según subraya la Fiscalía en su escrito, contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación. Para ello se valieron de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas “instigadas y promovidas” por los propios líderes independentistas y, por otra, el uso de los Mossos d‘Esquadra.

En este punto, el Ministerio Público destaca que este cuerpo policial, armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, acataría según mantiene en sus escritos exclusivamente las instrucciones de los acusados “como así sucedió”, y se preveía que llegado el caso podría “proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional”.

Asimismo, afirma que los principales promotores de lo ocurrido se valieron de la “fuerza intimidatoria que representaba la actuación tumultuaria” en las calles.