Alaya imputa a otras 34 personas por las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla

La causa alcanza los 265 imputados en el caso de los ERE irregulares

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, imputó en la causa y citó a declarar a partir del 23 de marzo a otras 34 personas por las ayudas concedidas a personas y empresas de la Sierra Norte de Sevilla, entre los que se encuentran tres exalcaldes socialistas de las localidades de El Pedroso, El Real de la Jara y Guadalcanal. De esta forma, la causa alcanza ya los 265 imputados.

En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la juez amplía además la imputación a los exconsejeros Antonio Fernández y Martín Soler, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano, y José Enrique Contreras, gerente del IFA en Sevilla entre los años 2002 y 2004, a todos los cuales cita a declarar el 7 de abril.

Así, y en virtud del atestado de la Guardia Civil sobre las ayudas concedidas a beneficiarios vinculados con la Sierra Norte, “cuyo denominador común es la ausencia de procedimiento, carentes en la mayor parte de los casos de la solicitud y de documentación justificativa”, imputa a 34 personas, entre ellas al exalcalde socialista de El Pedroso Antonio Diana Expósito, quien “habría recibido, sin mediar solicitud alguna, de forma ilegítima, una subvención por importe de 60.000 euros, al parecer para la ampliación de una gasolinera de la que era concesionario”.

Según la juez, el exprimer edil “podría haber regalado” a Guerrero “en compensación” por esta ayuda un equipo GPS con DVD y dos pantallas de televisión instaladas en un BMW Q-5, “presunta dádiva” por la que amplía la imputación del exdirector de Trabajo.

Hay que destacar que, en el auto y en relación a la Sierra Norte, la juez defiende que, “aunque es” en el atestado entregado por la UCO donde “han quedado nominalmente identificados” los beneficiarios de las ayudas, “la prescripción ya habría quedado interrumpida según consagrada doctrina del Constitucional, por la existencia de actos de interposición o de dirección judicial contra persona determinada o determinable, de los que pudiera deducirse la voluntad judicial de no renunciar a la persecución y castigo del ilícito”, recordando en esta línea la imputación judicial de Guerrero el 7 de marzo de 2012.

Por último, Alaya acuerda incoar nuevas diligencias previas en relación al convenio firmado en diciembre de 2009 por la Junta y la agencia IDEA por importe de 36,1 millones para el desarrollo y seguimiento de los proyectos de diseño y desarrollo tecnológico y de procesos de industrialización de vehículos todo terreno, pues podría haberse incurrido en delitos de prevaricación, falsedad y malversación.