El acuerdo de PSOE y Podemos ampliará aún más el bono social

El Congreso debatirá la próxima semana el proyecto de ley, en el que ambas formaciones propondrán extender los beneficios a la factura del gas con la financiación de las empresas

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Pablo Iglesias firma el acuerdo sobre los Presupuestos.
Pablo Iglesias firma el acuerdo sobre los Presupuestos. / EFE
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El bono social eléctrico beneficiaba a 706.118 perceptores, según los datos a 31 de agosto del Ministerio de Transición Ecológica. La ampliación de esta ayuda, aprobada recientemente por el Gobierno, deberá ser convalidada la próxima semana en el Pleno del Congreso y está previsto que PSOE y Unidos Podemos aprovechen su tramitación para incluir en ella parte de las medidas pactadas en su acuerdo de Presupuestos.

Con el decreto ley, el Gobierno aumenta los supuestos en los que puede accederse a la ayuda, al incluir a familias monoparentales en función de la renta, y al restringir más los cortes de luz.

Así, se prohíben los cortes de luz en los hogares donde viva al menos una persona con una discapacidad del 33% o superior o en situación de dependencia de grado II y III, y en hogares con bono social reconocido en los que viva un menor de 16 años.

Sin embargo, el decreto ley incluye una serie de medidas dirigidas a combatir la escalada de precios en la electricidad, entre ellas la suspensión del 7% del impuesto de la electricidad durante seis meses, una exención del Impuesto de Hidrocarburos, la derogación del ‘impuesto al sol’, eliminando peajes y cargos al autoconsumo, y el aumento del límite en los ingresos por subastas de emisión. Asimismo, el decreto también incluye medidas de impulso al transporte eléctrico.

A la espera de su convalidación, cuyo debate está previsto para el Pleno del jueves, el Gobierno y Unidos Podemos han pactado la tramitación de esta norma como proyecto de ley, con el fin de introducir cambios en el Congreso.

Y es que el acuerdo alcanzado para el apoyo del grupo confederal a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 incluye expresamente la negociación conjunta de enmiendas a esta ley, con el fin de introducir los cambios pactados en el bono social, que extiende todos los beneficios del bono eléctrico a otro bono del gas.

El acuerdo establece que la renta será, a partir de ahora, el único criterio de adjudicación, con las únicas excepciones de criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como el de familias monoparentales. Además, su solicitud será automática y podrá ser prestada por cualquier comercializadora, sea privada o municipal.

Financiación

Sin embargo, el principal cambio que recoge el acuerdo en este aspecto es que deberán ser las empresas del sector las que se encarguen de financiar “íntegramente” esta ayuda, en nivel proporcional a su volumen de facturación, según recoge el documento del pacto presupuestario.

El acuerdo también establece el principio de precaución, para que antes de un corte de suministro los servicios sociales certifiquen si se trata de un consumidor vulnerable, la cuantía se determinará en función de la renta y contará con 50 millones para garantizar la protección del consumidor.

Por último, acorta el plazo para presentar una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética a cuatro meses, un plan que deberá realizar un diagnóstico de la situación de la pobreza energética con medidas concretas de reducción en un horizonte a medio y largo plazo, y que deberá contar con la participación de partidos políticos, empresas, asociaciones, entidades locales, comunidades autónomas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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