Rice autorizó en 2002 la tortura en los interrogatorios de la CIA

Los documentos aseguran que los agentes utilizaron 183 veces estos procedimientos contra el supuesto ‘cerebro’ de los atentados del 11-S, Jalid Sheij Mohamed.

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Condoleezza Rice y otros altos responsables de la Administración de George W. Bush aprobaron en el verano de 2002 la utilización de torturas en los interrogatorios de la CIA a sospechosos de terrorismo. Entre las técnicas que consintieron estaba la conocida como waterboarding o ahogamiento simulado, considerado un acto ilegal por las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y por el actual Gobierno del demócrata Barack Obama.

Nuevos documentos hechos públicos por el Comité de Inteligencia del Senado, que investiga ese tipo de actos, y desclasificados por el fiscal general, Eric Holder, indican que al menos una docena de miembros de la Administración Bush estaban presentes cuando el director de la CIA u otros responsables del organismo policial explicaron exactamente qué técnicas podrían usarse y cómo, según informó ayer el periódico The Washington Post.

Rice dio luz verde a estos métodos cuando, como consejera de Seguridad Nacional, se reunió el 17 de julio de 2002 con el entonces director de Inteligencia, George J. Tenet, al que manifestó que la agencia «podía utilizar este tipo de interrogatorios contra Abu Zubaida», uno de los presuntos terroristas que sufrieron estas torturas, pero debía ser aprobado por el Departamento de Justicia.

Abu Zubaida, palestino nacido en Arabia Saudí, cuyo nombre real es Zayn al Abidin Muhamed Husein, fue capturado en Pakistán en marzo de 2002. Fue el primer detenido «de gran valor» bajo custodia de la CIA, como llamaban a los presos que se creía podían tener una información relevante para evitar ataques terroristas.

Rice y otras cuatro autoridades del Gobierno de George W. Bush fueron informadas por primera vez de «métodos alternativos de interrogatorio, incluido el waterboarding» en mayo de 2002, según revelan los nuevos documentos.

Un año después, en julio de 2003, la CIA informó a Rice, al ex vicepresidente Dick Cheney, al antiguo fiscal John D. Ashcroft, al entonces consejero de la Casa Blanca Alberto Gonzales, y al ex asesor legal del Consejo de Seguridad Nacional John B. Bellinger III sobre el uso del ahogamiento simulado y otros métodos calificados como torturas por los grupos defensores de Derechos Humanos.

«No fue un diálogo abstracto. Fueron conversaciones detalladas y específicas. Es una gran evidencia del papel que tuvieron altos responsables de la Administración», denunció Jameel Jaffer, director del Proyecto de Seguridad Nacional en la organización Unión de Libertades Civiles de América.

En aquel momento, julio de 2003, Estados Unidos ya había capturado a Jalid Sheij Mohamed, el supuesto cerebro de los atentados del 11-S y contra el que los agentes de la CIA utilizaron los métodos de interrogatorio hasta en 183 ocasiones en marzo de ese año, según destacan los documentos sobre los interrogatorios que ha desclasificado el Departamento de Justicia en los últimos días.

En los informes no consta que los entonces secretarios de Estado y Defensa, Colin Powell y Donald Rumsfeld, respectivamente, supieran de las nuevas tácticas antes de septiembre de 2003. «A no ser que haya otra historia que no nos hayan enseñado, el secretario de Estado y el de Defensa no estuvieron implicados en el proceso de toma de decisiones», explicó el senador John Rockefeller IV, miembro del Comité que investiga las torturas.

El diario The Washington Post, medio que ha destapado el escándalo, informó de que todos los nuevos ex altos cargos que han aparecido en los últimos documentos desclasificados han evitado hacer comentarios al respecto.

En otoño de 2002, cuatro congresistas, incluida la demócrata Nancy Pelosi, actualmente presidenta de la Cámara de Representantes, fueron informados, de forma secreta, de las nuevas técnicas de tortura que aplicaba la CIA, incluido el waterboarding.

La propia Pelosi ha confirmado, sin embargo, que en esa fecha ella conoció «los métodos de interrogatorio que la Administración estaba considerando utilizar en el futuro» y que el Gobierno «notificó que el asesor legal de la Agencia de Inteligencia norteamericana y el Departamento de Justicia habían concluido que estas procedimientos eran legales».

Obama, entre la espada y la pared

Las revelaciones sobre el entramado legal del Gobierno de George W. Bush para legitimar la tortura en interrogatorios a sospechosos de terrorismo han generado una fuerte presión sobre el actual presidente de EEUU, Barack Obama, para que procese a los responsables.

La publicación ayer de un informe del Senado, que indica que el anterior Ejecutivo norteamericano comenzó a preparar el uso de técnicas coercitivas en interrogatorios antes de ser autorizadas legalmente y semanas antes de que la CIA capturara al primer sospechoso de terrorismo de alto nivel, solo ha añadido más leña al fuego.

A este documento se suma un memorando del director de los Servicios de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, en el que señala que «la información obtenida mediante estas técnicas fue valiosa en algunas ocasiones. No obstante, también agregó que «no hay ninguna manera de saber si estos mismos datos podrían haber sido obtenidos con otros medios».

Obama ha sugerido que quiere cerrar este capítulo y ha dejado claro que no se enjuiciará a los que llevaron a cabo las torturas, pero no ha descartado que se tomen medidas contra quienes las legitimaron.