Fotografía de archivo del 2 de abril de 2018, del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto.
Fotografía de archivo del 2 de abril de 2018, del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto. / E. P.
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El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ingresará en prisión por corrupción tras el rechazo de la Corte Suprema del recurso de Habeas Corpus que en una ajustada votación, seis contra cinco, acordó ayer jueves que el exmandatario no seguirá en libertad hasta que se agoten los recursos judiciales y se dicte la sentencia definitiva.
La detención del exdirigente, condenado a 12 años de cárcel pero que se declara inocente podría producirse la próxima semana, después de que su defensa presente las últimas objeciones.

Las más de once horas de debate de los magistrados concluyeron a medianoche del miércoles. El veredicto del Supremo brasileño, abriendo las puertas de prisión para Lula, ha sacudido los cimientos políticos y sociales del país carioca al empañar su candidatura e impedir que pueda presentarse a las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre, para las que partía como favorito.

“La presunción de inocencia no puede llevar a la impunidad”, ha dicho la presidenta de la corte Cármen Lúcia, que aportó el sexto voto, y el que selló el resultado e inclinó la balanza.

Partidarios y detractores del dirigente izquierdista llevan días tomando las calles en diversas ciudades del Brasil y la situación que se plantea ahora hace prever que la situación podría complicarse. De hecho, el Partido de los Trabajadores, la formación política de Lula da Silva ha asegurado el jueves que la decisión del Tribunal Supremo Federal marca “un día trágico para la democracia y para Brasil”.

En un comunicado, el PT acusó a la Corte de haber “quebrado la Constitución” en lugar de “defenderla”. “La mayoría del Tribunal Supremo Federal sancionó con violencia contra el mayor líder popular del país, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva”, afirmó.
El PT aseguró que la presidenta del alto tribunal ha optado por aprobar un “procedimiento de excepción contra Lula” en lugar de valorar acciones para “restablecer la presunción de inocencia como regla general”.

“No hay justicia en esta decisión. Hay una combinación de intereses políticos y económicos, contra un país y contra una soberanía, contra un proceso democrático, contra el pueblo brasileño. La nación y la comunidad internacional saben que Lula fue condenado sin pruebas, en un proceso ilegal en el que jueces notoriamente parciales no consiguieron ni siquiera determinar la existencia de un delito. Lula es inocente y eso será proclamado en un juicio justo”, aseguró el Partido de los Trabajadores.

El partido de Lula hizo hincapié en que la decisión del Supremo lo que busca es impedir que el exmandatario sea candidato en las próximas elecciones presidenciales. “El pueblo brasileño tiene derecho a votar a Lula, el candidato de la esperanza. El PT defenderá esta candidatura en las calles y en todas las instancias hasta las últimas consecuencias”, advirtió.

Silencio

Según la agencia de noticias Brasil, Lula decidió que tanto él como sus abogados no van a pronunciarse sobre la decisión adoptada el jueves por el Tribunal Supremo Federal sobre su recurso de habeas corpus para no ir a prisión tras ser condenado a doce años de cárcel por corrupción.

El líder izquierdista agotó prácticamente la segunda instancia y solo le queda acudir a los altos tribunales (el STF y el Tribunal Superior de Justicia) para revertir la condena. Una vez firme, la sentencia impedirá que pueda competir en las elecciones presidenciales del 7 de octubre. A pesar de su implicación en un entramado de corrupción, Lula continúa siendo uno de los políticos más populares del país. El expresidente figura como el favorito de cara a los comicios presidenciales.

La decisión del Supremo contra Lula supone un duro golpe para Lula, que se ha visto envuelto en varios casos de corrupción que han puesto en tela de juicio el establishment político y al Partido de los Trabajadores, que sostuvieron el poder entre 2003 y 2016.
La sociedad brasileña continúa dividida dado que la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, fue depuesta tras un ‘impeachement’ (juicio político) en el marco de otra escándalo de corrupción.

Los candidatos están sujetos a la llamada Ley de Ficha Limpia. Lula ya tiene la ‘ficha sucia’ por la condena en primera y segunda instancia. Eso supone que se le puede negar su inscripción como aspirante presidencial y, en caso de que así sea, podrá recurrir ante el Tribunal Electoral, que será quien decida.

FuenteEuropa Press
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