La ONU acusa al presidente y una exministra de Somalia de desviar fondos públicos

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Un equipo de Naciones Unidas encargado de comprobar el cumplimiento de las sanciones de la ONU en Somalia ha acusado al presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamed, a una exministra y a un bufete estadounidense de conspirar para desviar fondos públicos a sus cuentas.

El Grupo de Control de Somalia y Eritrea, compuesto por ocho expertos, ha informado de sus hallazgos al Comité de Sanciones a Somalia y a Eritrea del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El informe, de 37 páginas, “refleja la explotación de la autoridad pública para intereses privados e muestra, como poco, una conspiración para desviar los ingresos extranjero de manera irregular”.

La mayoría de los ingresos extranjeros fueron congelados al comienzo de la guerra civil en Somalia en 1991, incluidos los fondos en metálico y los cargamentos de oro almacenados en bancos durante las dos décadas de caos y conflicto en Somalia, así como las propiedades del Gobierno en el extranjero.

Informe demoledor

El informe señala como responsables de la trama al bufete estadounidense Shulman Rogers, al presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamed, y su gabinete; a la exministra de Exteriores Fawzia Yusuf H. Adam y a dos individuos que actuaban de intermediarios entre Shulman Rogers y Somalia.

Todos los acusados que aparecen en el documento han negado su implicación en el desvío de fondos y varios han acusado al director del grupo de investigación, Jarat Chopra, de utilizar dudosos métodos de investigación. También sostienen que sus afirmaciones son infundadas.

Huida

Abrar, la exgobernadora del Banco Central que también fue vicepresidenta de Citigroup, dejó el cargo el pasado octubre tras siete semanas en el puesto, alegando que había recibido presiones para firmar un contrato con Shulman Rogers. Según en nuevo informe, la exgobernadora envió su dimisión desde Dubai tras huir de Mogadiscio por miedo a su seguridad.

Una de sus principales preocupaciones era una de las cláusula incluida en un contrato de julio del año 2013 con Shulman Rogers que daba al bufete un bonus del 5% de los todos los ingresos, además de sus tasas, y el 6% de la recaudación de ingresos por un coste y gastos indefinidos.