La UE da luz verde a la polémica reforma de los derechos de autor

Grandes plataformas como Google o Youtube e internautas críticos aseguran que servirá como arma de censura • Los defensores la ven como nueva garantía para los creadores

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Un grupo de manifestantes favorables a la nueva directiva, a las puertas del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
Un grupo de manifestantes favorables a la nueva directiva, a las puertas del Parlamento Europeo en Estrasburgo. / EFE
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El pleno del Parlamento Europeo dio ayer luz verde a la reforma de las reglas que protegen los derechos de autor en la Unión Europea, cuyos cambios para adaptar la directiva del ‘copyright’ a la era digital han enfrentado a quienes pedían más garantías para los creadores con grandes plataformas como Google y Youtube e internautas que aseguran que servirá como arma de censura.

El respaldo de la Eurocámara —con 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones— es el penúltimo paso para que se confirme la reforma, a falta de que también den su visto bueno formal los Veintiocho en decisión del Consejo. Una vez validada por todas las partes, los Estados miembro tendrán dos años para trasladar la reforma a sus legislaciones nacionales.

La reforma prevé la obligación para las grandes plataformas como Google, Youtube o Facebook de vigilar y filtrar los contenidos que los internautas compartan en sus espacios, para detectar si se están publicando obras protegidas por derechos de autor sin el permiso de sus creadores.

Así, las páginas deberán hacer todo lo posible por encontrar al autor y pedirle su permiso o retirar el contenido, con el objetivo de asegurar que los creadores son justamente remunerados por sus obras. Las plataformas pasan de este modo a ser responsables del contenido que alojan.

Los contenidos satíricos como los populares ‘meme’ y los ‘GIF’ quedan exentos de esta exigencia, ya que seguirá protegiéndose la subida a la red de contenidos si es para citar, criticar, reseñar, caricaturizar, parodiar o imitar.

Pese a todo, los críticos con la reforma alertan de que este artículo permitirá ejercer la censura y dejará en manos de algoritmos el filtro para decidir qué es publicado y qué no.

La otra gran novedad es que los editores de prensa podrán reclamar compensaciones a los agregadores de noticias por usar sus contenidos, una suerte de ‘tasa Google’ similar a la que llevó a Google News a retirarse de España, aunque menos restrictiva.

Estas plataformas podrán seguir compartiendo en sus espacios fragmentos de artículos de prensa de terceros, pero estos textos deberán ser “muy breves”, para evitar abusos. Además, los editores tendrán automáticamente el derecho de negociar en nombre de sus periodistas con los agregadores por la publicación de sus productos.

Estas dos disposiciones son los artículos más polémicos de la reforma (13 y 11, respectivamente), durante cuya tramitación los eurodiputados han denunciado fuertes presiones por parte de lobbies interesados y campañas masivas de envío de mensajes e incluso amenazas.

La complejidad de la reforma se ha reflejado también en las divisiones que hubo dentro de los diferentes grupos parlamentarios a la hora de votar ayer.
En el caso de los eurodiputados españoles, el acuerdo fue respaldado por los miembros de PP, PSOE, Cs, PNV y PDeCAT, mientras que votaron en contra los de EQUO, ICV, Podemos e IU, a excepción de Paloma López, que optó por abstenerse.

Desde las instituciones sostienen que la nueva directiva refuerza a los titulares de derechos —músicos, intérpretes y guionistas— y a los editores de noticias para que puedan negociar acuerdos más ventajosos, pero insisten en que también afianza la libertad de expresión.

La reforma prevé requisitos menos estrictos para las ‘start up’ que para las grandes compañías y además no afecta a las contribuciones a enciclopedias en línea sin objeto comercial, como el caso de Wikipedia, ni a plataformas de software de código abierto, como GitHub.

Por el contrario, Google cree que la directiva sobre el copyright ha mejorado con la reforma, pero considera que persisten las “inseguridades jurídicas” y que “perjudicará a las economías creativas y digitales” en la Unión Europea, según señaló un portavoz de la compañía.