El Plan Regional sobre Drogas ayudó a más de 60.000 personas en 2017

Los distintos programas ponen especial énfasis en el consumo de alcohol entre jóvenes

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La Comisionada Regional para la Droga, Esperanza Vázquez. / europa press
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La Junta de Castilla y León atendió a más de 60.000 personas en sus programas de prevención y asistencia a drogodependientes en el primer año de vigencia del Plan Regional sobre Drogas 2017-2021, que pone especial énfasis en el consumo de alcohol entre jóvenes.

Así lo señaló la Comisionada Regional para la Droga, Esperanza Vázquez, que hizo balance de 2017, primer año de vigencia del plan (que este año cuenta con un presupuesto de 8,5 millones de euros) en el que colaboran más de 60 entidades entre las que se encuentran la propia Junta y más de 30 entidades sociales, ayuntamientos, diputaciones provinciales y agentes económicos y sociales.

La Comisionada recordó que el objetivo principal es prevenir y evitar el daño físico, psicológico y social derivado del consumo de drogas, con especial atención al alcohol y también al tabaco y el cannabis y ha señalado que más de 50.000 personas se han beneficiado de diversos programas y 9.500 recibieron asistencia y medidas de integración social y laboral.

Concretamente, la red existente en Castilla y León consiguió que el pasado año 25.900 personas se beneficiaran de los distintos programas de prevención y de disminución de los riesgos y que 9.500 drogodependientes fueran atendidos en los programas de asistencia e integración social, tanto en el ámbito social como en el laboral.

La Junta financia más de 70 centros, servicios y programas asistenciales especializados que gestionan las entidades sociales públicas y privadas, a través e los cuales se atendió en 2017, sin tener que soportar listas de espera, a 2.254 drogodependientes en centros específicos de primer nivel; a 3.863 en centros de asistencia ambulatoria a drogodependientes; 989 en centros de día; 550 en comunidad terapéutica; 1.608 alcohólicos en asociaciones de alcohólicos rehabilitados y 222 en centros residenciales de rehabilitación de alcohólicos.

Por otro lado, en este primer año, la coordinación entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP) para reducir el consumo de bebidas alcohólicas en los municipios ha llegado a través de diversas acciones a más de 25.000 personas.

Vázquez detalló que, en el ámbito de la prevención y disminución de los riesgos asociados al consumo de drogas, se ha prestado especial atención a los menores adolescentes y jóvenes.
En concreto, se llevaron a cabo, con distintas entidades, programas en el ámbito escolar, con los que se llegó a más de 17.000 alumnos; en el ámbito familiar, con la participación de 3.000 familias; y en lugares de ocio o actividades extraescolares, que han llegado a más de 2.000 jóvenes y adolescentes, a lo que se suman las que se han desarrollado con los agentes económicos y sociales en el ámbito laboral.

La Comisionada destacó que el consumo de alcohol descienda, como indican las encuestas, algo que ve positivo, pero ha expresado su preocupación por el hecho de que el 26 por ciento de los jóvenes reconozca haberse emborrachado en el último mes o el 36 por ciento haberse dado un “atracón”, por ello abogó continuar el trabajo en esta materia.

Por otro lado, a través de la Red de Planes sobre drogas, a la que pertenecen los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales con un plan local sobre drogas, se financia el desarrollo de programas prioritarios de prevención del consumo de drogas y de disminución de los riesgos asociados al mismo.

Durante 2017 se apoyó desde la Junta a 14 planes municipales y ocho planes provinciales sobre drogas y se han desarrollado programas acreditados de prevención familiar universal, selectiva e indicada del consumo de drogas en los que han participado 3.263 padres, madres e hijos, pertenecientes a 2.253 familias distintas.

Los programas de prevención familiar consiguen un alto grado de retención de las familias que participan en ellos, que alcanza 90 por ciento en el caso del programa Moneo, el 87 por ciento en el Dédalo y del 100 por cien en el caso del programa Alfil dirigido a familias en las que uno de los progenitores es alcohólico en tratamiento.