Varios opositores esperan en las puertas de la Facultad de Derecho, en Valladolid, el inicio del examen.
Varios opositores esperan en las puertas de la Facultad de Derecho, en Valladolid, el inicio del examen. / europa press
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Los opositores de personal de servicios de la Junta de Castilla y León criticaron la “gran desorganización” de los tribunales y la Administración, a la que pidieron “seriedad y responsabilidad”, y vieron “lógico” que se repita el examen porque el anterior fue “desproporcionado” para su categoría. Así lo señalaron ayer algunos de los opositores, con los que los medios pudieron hablar minutos previos a la repetición de la prueba en una de las sedes de las cuatro provincias -—Burgos, León, Salamanca y Valladolid— donde se desarrolló el examen.

Ananí Domingo y Dolores Esteban afirmaron que les parece “lógico” que el examen se repita para tener así “otra oportunidad”, pues el que realizaron el pasado 3 de junio no estaba “adaptado”, era “demasiado complicado” y de una categoría “muy superior”. Asimismo, el opositor Tomás de la Iglesia, que había conseguido su plaza, reiteró que la prueba anterior “no fue normal” porque contenía preguntas “desproporcionadas” e insistió en que el temario general que se plantea para las oposiciones es “tan amplio” que hay que dividirlo en niveles para que se realicen preguntas “asequibles” y correspondientes a las categorías de personal.

“El tribunal que se compuso para el examen no estaba cualificado para hacerlo, hay una desorganización muy grande ahí dentro”, lamentó otra opositora, que no quiso identificarse, y quien también criticó las “incidencias” de las últimas convocatorias para otros puestos.
Respecto a la repetición de esta prueba, como el resto de opositores, recalcó que el nivel del examen de junio “no se ajustaba” porque las preguntas estaban “por encima” de lo que se pedía estudiar y de las tareas que finalmente desarrollarían en un puesto de personal de servicios.

En este sentido, pidió a los tribunales y la Junta que se tomen con “seriedad” y “responsabilidad” las oposiciones porque las personas que se presentan se gastan “tiempo y dinero” en su preparación para estas pruebas.

“Tiene que haber una revisión total desde el principio y que las oposiciones se hagan de la forma más correcta posible. Más allá de este examen hay problemas grandes en la constitución de los tribunales… y esta vez ha sido tal desastre que se ha tenido que repetir”, aseveró esta opositora.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, señaló días atrás que confiaba en que saliera “todo bien” y defendió que cada vez que se pone en marcha un proceso selectivo en la Administración se intenta que salga todo de “forma ordenada, bien, meticulosa y sin fallos”.

Error clarísimo

Igualmente, reiteró que en el examen del pasado 3 de junio hubo un “error clarísimo”, por lo que las oposiciones “se han repetido en el menor tiempo posible”, a lo que añadió que “no es fácil” encontrar espacio para más de 18.000 personas. “Lo fácil para la Administración habría sido mirar hacia otro lado, pero en este caso no quedaba otra que repetir el examen “, manifestó el consejero de la Presidencia.

En el mes de enero de este año se convocaron 384 plazas para personal de servicios, destinadas fundamentalmente a trabajar en las residencias para personas mayores y personas con discapacidad y en los centros educativos de la Administración autonómica.

Para acceder a esas 384 plazas se matricularon 18.889 personas; por tanto, una competencia muy alta dada la proporción del número de 49 opositores por plaza. El examen, que consistía en un test de 80 preguntas, se celebró el 3 de junio. Posteriormente se presentaron un gran número de recursos que, una vez resueltos, se concluyó que el examen no respetó las bases de la convocatoria al no incluir cuestiones teóricas en la parte práctica del examen —la convocatoria indica que el test debe tener 80 preguntas divididas en dos partes, teórica y práctica, dando prevalencia a la parte práctica ya que es eliminatoria frente a la teórica, que no lo es—.

La resolución en este sentido concluyó que, en este punto, el examen no ha respetado la convocatoria, porque entre las 40 preguntas de la parte práctica hay al menos 13, más del 30 por ciento, que en lugar de versar sobre cuestiones prácticas preguntan cuestiones teóricas del temario de las oposiciones.