Más de 11.000 pacientes inician tratamientos para dejar de fumar

Esta cifra es un 18,7 por ciento mayor respecto a las 9.558 personas -4.638 mujeres y 4.920 hombres- que, durante el mismo periodo de 2010, solicitaron esta prestación.

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Un total de 11.350 nuevos pacientes -5.799 mujeres y 5.551 hombres- iniciaron durante el primer trimestre de 2011 el tratamiento para dejar de fumar en Castilla y León por medio de los servicios de deshabituación del tabaco que Sacyl ofrece a los ciudadanos de la Comunidad en la cartera de servicios de Atención Primaria.

Esta cifra es un 18,7 por ciento mayor respecto a las 9.558 personas -4.638 mujeres y 4.920 hombres- que, durante los meses de enero, febrero y mazo del pasado ejercicio, solicitaron esta prestación asistencial con el objetivo de abandonar el hábito, según informa la Junta.

El incremento de actividad en los servicios de ‘deshabituación tabáquica’ de Sacyl coincide con la aplicación, tras la modificación de la Ley 28/2005, de la nueva legislación nacional sobre medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, elaborada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y que entró en vigor a principios de enero del presente año 2011.

La Junta mantuvo durante este primer trimestre de 2011 la labor inspectora que ya ejecutaba desde la entrada en vigor de la Ley 28/2005 y del Decreto 52/2006 referido a la regulación y al control de las actividades relacionadas con el tabaquismo en la Comunidad castellana y leonesa.

Los datos referidos a los meses de enero, febrero y marzo de 2011 indican que en la Comunidad, los inspectores de los nueve servicios territoriales de Sanidad han cursado un total de 3.587 inspecciones, lo que han dado lugar a la tramitación de 121 expedientes y a la incoación de 33 sanciones a lo largo de este primer trimestre.

Doble vertiente

Las actuaciones inspectoras de la Junta en relación con el tabaco se realizan desde una doble motivación: por un lado, dar respuesta a las denuncias presentadas ante los correspondientes órganos competentes; y por otro, desarrollar el plan de inspección y control que la Dirección General de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación y la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria pusieron en su momento en marcha conjuntamente.

Dicho plan supone que los distintos servicios territoriales, a través de los inspectores de Sanidad, cumplen con un número mensualmente previsto de visitas a establecimientos de distinta índole, durante las cuales se comprueba el cumplimiento de la legislación vigente.