Los barones respaldan a Herrera en su modelo «solidario» de financiación

Los presidentes de La Rioja, Asturias, Aragón y Galicia aseguran que se debe garantizar la misma prestación de servicios públicos a todos los españoles.

La financiación autonómica se ha convertido en el asunto central de la política española durante la última semana. Prácticamente toda la agenda política ha estado marcada por la necesidad de negociar un nuevo modelo de financiación, aunque el Gobierno de Rajoy no ha dado su brazo a torcer y será el próximo año cuando se aborde su cambio. Todos están de acuerdo en que el actual sistema es «fallido e insuficiente», en palabras de Herrera, sin embargo no hay unanimidad a la hora de concretar cuáles deben ser los principios del nuevo modelo.

Las reivindicaciones soberanistas de la Generalitat de Cataluña han sembrado dudas incluso en el Partido Popular, y algunos de sus barones autonómicos como la catalana Alicia Sánchez-Camacho o el madrileño Ignacio González han intentado arrimar el ascua a su sardina reclamando que las comunidades que más recaudan sean también quienes más reciban.

La reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular, celebrada el pasado lunes en la sede de Génova, marcó un punto y aparte. Aunque otras veces no suele acudir, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, no faltó a esta cita, donde dejó constancia «alto y claro» de que no va a «consentir» un modelo basado «en un esquema tan simplista como el de la financiación per cápita», ya que está convencido de que el coste efectivo difiere mucho de un lugar a otro.

Herrera, que exigió a Rajoy y a la cúpula nacional del Partido Popular que «no improvise ni cambie el paso», recordó el decálogo aprobado por todos los dirigentes autonómicos populares en julio de 2008 en San Millán de la Cogolla (La Rioja). Allí se recoge un elemento fundamental a la hora de negociar un nuevo modelo de financiación, la «solidaridad interterritorial».

Esta postura del presidente castellano y leonés ha sido respaldada por casi todos los presidentes autonómicos del PP, pero también por otros socialistas. Dos aspectos han concitado la unanimidad para su revisión: el actual modelo de financiación es malo y es imprescindible la solidaridad. De esta forma, Núñez Feijóo (Galicia) denuncia que con «el sistema de Zapatero se agranda la brecha entre las comunidades ricas y pobres y no se ha conseguido su objetivo principal: un reparto justo e igualitario de los recursos económicos». El presidente gallego advierte, ante las exigencias catalanas, que «el dinero de todos se pacta entre todos».

Asimismo, «cuestionar, limitar o condicionar la solidaridad entre territorios atenta contra la letra del espíritu de la Carta Magna», concluye Núñez Feijóo. Lo mismo defiende Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón, quien asegura que «el principio de solidaridad» se debe mantener porque es «la columna vertebral del Estado».

Rudi destaca, en coincidencia con Herrera, que el reparto debe ir más allá del número de habitantes de cada territorio y atender a «criterios de superficie, dispersión de la población o envejecimiento».

Balanzas

Otro de los elementos perturbadores en el debate abierto sobre el sistema de financiación es la publicación de las balanzas fiscales. Tras la presión de los nacionalistas catalanes exigiendo una financiación en función de lo que el Estado recauda en Cataluña, el Gobierno español ha aceptado que se publiquen las balanzas fiscales de todas las comunidades autónomas para finales de año.

Herrera ya dejó claro ante los dirigentes de su partido que no se opone a su publicación, pero advirtió que «no pueden condicionar ni ser la base para la revisión del modelo». El temor a que sean una excusa para «tratar de manera más favorable a algunas autonomías con más población (Madrid) o para hacer concesiones para resolver un problema político (Cataluña)» se extiende a otros presidentes. Pedro Sanz (La Rioja) avisa de que las balanzas fiscales «no pueden ser el dato en que se cimente el sistema de financiación», ya que esto «no tiene que ver con los territorios, sino con la prestación de servicios públicos a los ciudadanos».

También el socialista Javier Fernández, presidente de Asturias, desliga las balanzas del modelo. «Lo digo con absoluta claridad, no tienen ninguna relación. Lo que tiene que hacer es garantizar un mismo nivel de prestación se servicios públicos en todo el territorio».

El presidente cántabro, Ignacio Diego, no ha querido pronunciarse hasta no conocer los datos y vea lo que le interesa a su comunidad.

FuenteS. González 
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