Las rentas agrarias, subvenciones y mercados

Agricultura propugna normas y convenios para que tanto agricultores como ganaderos perciban un precio justo por sus productos. La integración cooperativa es un complicado proceso que debe ser protagonizado por el sector y no por la Administración central.

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Los ministros de Agricultura de la Unión Europea llegaron el pasado martes a un acuerdo sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) -que incluye elementos de interés para España como flexibilizar la convergencia interna o tasa plana de las ayudas directas-. La reforma definitiva deberán negociarla en los próximos meses con la Eurocámara y la Comisión Europea.

«Las subvenciones constituyen una parte muy importante de la renta agraria. Para todo el sector, en 2012 supusieron el 29% de los ingresos netos de los agricultores y ganaderos con 6.500 millones de euros, de los que el grueso correspondió a fondos comunitarios. Frente a esa subvención media, hay cultivos como los herbáceos, el algodón, el tabaco o el olivar más productivos, donde, en base a los datos sobre rendimientos históricos o por regulaciones específicas el porcentaje sería superior, mientras otros no reciben nada, caso del porcino o de la avicultura.

Este año y el próximo se va a mantener el actual mecanismo de pagos. Para 2015 , tras los acuerdos logrados en Bruselas, se asegura el mantenimiento de los fondos percibidos, aunque se modifiquen los mecanismos para su distribución donde Agricultura pretende que no haya apenas trasvase de recursos entre comunidades autónomas, cultivos y sectores. En otras palabras, que los trabajadores van a cobrar casi lo mismo que perciben hoy, quienes reciben por encima de la media de 229 euros por hectárea pueden perder algo, y quienes no llegan a esa cifra y mejorarán levemente sus ingresos.

A pesar de esa importancia de las ayudas, la realidad, sin embargo, es que las rentas proceden en su mayor parte del funcionamiento de los mercados, donde la evolución de las cotizaciones está marcada generalmente por la oferta y la demanda. En la última campaña, la menor cosecha de vino y la caída de los stocks supusieron elevar los precios y, en este momento, la posibilidad de buenas producciones de cereales en todo el mundo está tirando los precios.

Uno de los cambios más drásticos que han supuesto las sucesivas reformas de la PAC en los últimos años ha sido la progresiva reducción y hasta la eliminación de los mecanismos para la regulación de los mercados para garantizar unos precios remuneradores, políticas que se han compensado con el establecimiento de ayudas directas. En este nuevo escenario, para el mantenimiento de las rentas, el sector se enfrenta a dos viejos retos que suponen los ejes más importantes de la actual política: la constitución de unas adecuadas estructuras de compras y de ventas organizadas para defender el valor de sus producciones.

Para el campo es fundamental la próxima aprobación de la ley para la concentración cooperativa y, con ello, una mejora en la ordenación de la oferta. Se trata de una disposición importante a la hora de comercializar las producciones, pero también un instrumento que puede y debe servir para la política de compra de los medios de producción. La existencia de las casi 4.000 cooperativas no ha sido suficiente para trabajar en pie de igualdad con los operadores que funcionan en el mercado. Es uno de los problemas históricos al que se trata de buscar una salida desde una nueva ley, actualmente en tramitación parlamentaria, donde uno de los objetivos más importantes es lograr cooperativas denominadas prioritarias con nivel supra autonómico como sucede, por ejemplo, con Agropecuaria de Navarra que, en el sector de los cereales está ya expandida en varias comunidades autónomas.

Sin embargo, para que una norma sea eficaz es fundamental que en el cumplimiento de la misma se hallen implicadas tanto las comunidades autónomas como las propias cooperativas de primer grado que, en la actualidad, en muchos casos se hacen la competencia entre ellas, en un mismo territorio y en un mismo sector. Sobran organismos de este tipo que, en la mayor parte de los casos, suponen, más que una unión, una división y, sobre todo, que son costosas con el mantenimiento de estructuras por su volumen de negocio.

Un segundo eje en el desarrollo viene determinado por la inminente aprobación esta primavera de la ley de la cadena alimentaria por la que el Ministerio trata de lograr un mayor equilibrio entre los intereses y los beneficios que se lleva cada una de las partes que participan en el proceso desde que un producto sale del campo hasta su llegada al consumidor. Con esta disposición, Arias Cañete ha abordado la realidad de ese nuevo fenómeno que se llama la gran distribución, que afecta especialmente a los productos alimentarios donde, debido a su gran concentración en las ventas, tienen la posibilidad de fijar precios en destino y, en consecuencia, condicionar igualmente los mismos en origen. El objetivo es lograr que, tanto las industrias alimentarias que operan directamente con la gran distribución, donde hay un claro predominio de pequeñas y medianas empresas, como los agricultores que venden individual o vía entidades asociativas a los cinco grandes grupos de distribución que hay en el país, puedan hacerlo en base a unas reglas de juego más claras que las existentes.

Acuerdos

Finalmente, en esta misma línea, en defensa de los precios en origen que aseguren rentas, destacan los protocolos que se han suscrito o se hallan en este momento en fase de negociación entre las empresas de distribución, las industrias, las cooperativas y algunas organizaciones agrarias bajo el amparo del Ministerio. Objetivo de la Administración es que los productos tengan un precio justo. Se ha comenzado por la leche y se quiere seguir con el aceite.

En el caso de la leche, a finales del pasado año se firmó un acuerdo entre las industrias y los grandes grupos de distribución para que tuviera una tarifa justa, lejos de los precios de oferta que suele tener la misma como producto reclamo a los consumidores a la hora de acudir a realizar la compra. En las últimas semanas, se ha cerrado un nuevo pacto, esta vez entre empresas de la distribución y las industrias, por el que ambas partes asumieron nuevos compromisos. Las industrias, al operar con leche española y anunciarlo en sus envases, y la distribución, al eliminar de sus lineales las leches de oferta a precios difícilmente justificables si se paga en el campo un precio acorde con unos costes de producción no inferiores a los 0,35 euros litro.

Agricultura está haciendo un seguimiento permanente de este compromiso, donde algunos grupos han seguido con los reclamos publicitarios justificando que se trataba de acuerdos suscritos antes del convenio.

Esta estrategia se pretende ampliar al sector del aceite, otro de los productos utilizados por la gran distribución a precios de oferta que estaba afectando negativamente a los costes en origen y, además, perjudicando la imagen del oro líquido como un artículo de calidad cuya marca se trata de vender en el mercado exterior.