La Ley de Salud Pública fijará una carta de derechos y obligaciones para inspectores e inspeccionados

El borrador del anteproyecto, que se encuentra en información pública, recoge el refuerzo de los representantes de la administración, que se convertirán en agentes de la autoridad

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El borrador del anteproyecto de Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León, que actualmente se encuentra en fase de información pública, recoge como una de sus principales novedades una carta de derechos y obligaciones que afectará a los inspectores, que se convertirán en agentes de la autoridad sanitaria, así como a los inspeccionados.

Los más de 800 nuevos agentes de la autoridad sanitaria -como se denominará a los inspectores con la entrada en vigor de la ley- que tendrán como función la inspección y control, son personal al servicio de la Administración con formación en el ámbito sanitario, principalmente, en la medicina, la farmacia y la veterinaria.

El anteproyecto incluye entre sus actuaciones la de trabajar en la prevención de las enfermedades, vigilancia epidemiológica, ordenación e inspección sanitaria y farmacéutica, laboratorios de salud pública, seguridad alimentaria, sanidad ambiental y salud laboral, a las que se suman actividades de información, investigación y formación.

De este modo, la ley convertirá a Castilla y León en la tercera Comunidad, tras Valencia y Cataluña, en contar con una Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria, que supondrá la modernización y adaptación de todas las estrategias existentes en estos dos ámbitos. En este momento, el borrador del texto está ya en manos los diferentes colectivos implicados para que presenten sus alegaciones antes de que finalice agosto.

El objetivo de la Junta es que la norma esté aprobada en esta legislatura, es decir, antes de mayo de 2011, en cumplimiento de un compromiso político del presidente Juan Vicente Herrera para establecer un marco normativo que regule «las actuaciones, medidas preventivas y servicios a través de los cuales las administraciones públicas de Castilla y León deberán preservar, proteger y promover la salud de la población».

En concreto, el borrador recoge, entre los derechos y deberes de los agentes de la autoridad sanitaria, la posibilidad de personarse sin previa notificación en entidades y empresas sujetas a la normativa sanitaria, a realizar pruebas y recoger muestras, a acceder a la documentación y requerir información.

Con esta carta de derechos y deberes se pretende reforzar la actuación de los agentes de la autoridad sanitaria, en cuya formación la Junta trabaja desde hace años a través de cursos a los que acuden más de 300 inspectores.

Con su entrada en vigor, Castilla y León se convertirá también en una Comunidad pionera en materia de seguridad alimentaria, ya que ahora sólo Cataluña cuenta con una ley específica. En este sentido, la región adaptará su normativa a la UE en cuanto a las necesidades de cara a una alerta para garantizar la protección del ciudadano y mejorar la respuesta ante una situación de crisis.

De hecho, el texto precisa medidas especiales ante la sospecha de un riesgo inminente, que van desde las actuaciones de control, por parte de los agentes, a las de limitación, entre las que están la posibilidad de cerrar entidades y empresas, suspender la actividad, así como intervenir medios, e inmovilizar, prohibir o retirar productos del mercado.