La Junta certifica la total limpieza y legalidad del expediente de adjudicación de la variante de Olleros

Silván comparece mañana en las Cortes para explicar la asignación de las obras en 2002 que, como explicaron Herrera y De Santiago-Juárez, ha sido revisada por dos veces y es «normal»

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La Junta de Castilla y León defendió ayer la total limpieza y legalidad del expediente de adjudicación de las obras de la variante de Olleros de Alba (León) a la empresa Teconsa en 2002, rechazando de plano la supuesta adjudicación irregular a la que hace referencia el juez Baltasar Garzón en el último auto sobre el llamado ‘caso Gürtel’. Además, y para ratificar ambos extremos, el consejero de Fomento, Antonio Silván, comparecerá mañana ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras de las Cortes regionales a petición propia.

El jefe del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, aseguró en Madrid que el expediente ha sido revisado en dos ocasiones por orden directa suya y certificó, con absoluta firmeza, que «es completo y correcto».

Según expuso Herrera, la primera revisión tuvo lugar el día 9 de marzo pasado, cuando la Policía Judicial solicitó a la Junta este expediente, que «fue entregado en su totalidad en 24 horas». «En el día de ayer -por el martes-, al conocer la nueva referencia, ordené que se realizara una nueva revisión», sostuvo el presidente regional, quien recordó que se trata de un expediente «archivado, casi histórico».

«No hay ningún dato objetivo que abone la afirmación temeraria de que por parte de la Junta y de su Consejería de Fomento haya habido algún tipo de adjudicación caprichosa o amañada», concluyó Juan Vicente Herrera en relación a esas revisiones para subrayar que el auto contiene «una afirmación tan rotunda como rechazable».

En similares términos se expresó, por otro lado, el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, José Antonio de Santiago-Juárez, quien defendió la legalidad del expediente de tramitación y adjudicación de las obras de la variante y rechazó, con toda «firmeza», que el contrato estuviera «amañado», como dice el auto judicial.

De Santiago-Juárez, que compareció en rueda de prensa, ofreció una detallada explicación sobre ese proceso y sobre las supuestas anotaciones a mano de cantidades junto a una siglas que pueden corresponder a personas que, según el auto de Garzón, recogía el fax enviado por la Junta de Castilla y León a la empresa adjudicataria.

En relación a este último punto, el consejero portavoz enseñó ese fax remitido a la empresa el 5 de diciembre de 2002, que está limpio de cualquier anotación. Además, informó de que la Junta ha enviado al juez Garzón el expediente original y completo de tramitación y adjudicación de esta obra un día después de que le pidiera. El juez envió el escrito de petición de la información el 9 de marzo y el 10 de marzo se le envió, expuso De Santiago-Juárez antes de recalcar que las supuestas anotaciones nada tienen que ver con el papel que salió de la Administración autonómica y que, por ello, no se entiende que se hable de amaño y que hacerlo supone «un insulto al sentido común».

El expediente, según expuso el consejero de la Presidencia, arranca en noviembre de 2002, siendo entonces consejero de Fomento José Manuel Fernández Santiago, actual presidente de las Cortes, cuando se anuncia la licitación de la variante de Olleros de Alba en León por un precio de 3,4 millones de euros. A la oferta concurren 29 ofertas, todas admitidas, si bien tres de ellas tenían una baja temeraria de cinco puntos inferior a la media.

El 7 de noviembre de 2002 la Mesa de Contratación abre las propuestas de las empresas y decide su admisión; el día 13 estudia las ofertas económicas; el día 28 realiza la propuesta y el día 29 envía el escrito por correo a Teconsa anunciando que es la adjudicaria porque, a pesar de obtener la misma calificación que FCC Construcción, presentaba una oferta más barata. El día 5 de diciembre se remite la misma comunicación por fax para que la obra se pueda contratar antes de finalizar el año.

José Antonio de Santiago-Juárez ratificó, por tanto, que «la tramitación y adjudicación es limpia, normal y regular» y, preguntado por posibles acciones legales, señaló que, en todo caso, corresponderían a la empresa.