La Comunidad dejaría de recaudar 30 millones anuales con las nuevas deducciones en materia de vivienda

La Junta remite un documento con seis valoraciones generales y 65 propuestas sobre el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible impulsado por el Gobierno central

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Castilla y León dejará de recaudar al año 30 millones de euros de aplicarse las deducciones en las cotizaciones del IRPF (Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas) por obras en las viviendas habituales y los rendimientos del capital inmobiliario como consecuencia del arrendamiento de propiedades, previstas en la Ley de Economía Sostenible. Además, la aplicación del tipo de IVA reducido a los trabajos de rehabilitación energética y de adecuación de la accesibilidad mermará los ingresos tributarios de la Comunidad.

Así lo recoge el documento enviado por el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, al secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa Fernández. El texto incluye seis valoraciones generales y 65 alegaciones al Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible impulsado por el Gobierno. Así, la Junta echa en falta propuestas para poner en marcha modelos de «producción y consumo sostenibles que fomenten el desarrollo de tecnologías, procesos y productos limpios, el ahorro de materias primas y el uso de materias primas renovables».

Asimismo, el texto advierte al Gobierno central de la ausencia de medidas para reactivar la grave situación de la economía y el empleo y de reformas estructurales en materia laboral, educativa, energética o de reestructuración del sistema financiero. Además, la Junta critica la «mezcla sistemática» de declaraciones y principios y la falta de «concreción», especialmente, sobre la financiación de la ley. También censura que no se aborde la situación del sector agrícola y ganadero y que no se defienda la «sostenibilidad» del Sistema Nacional de Salud y de la Ley de la Dependencia.

El texto critica que la memoria económica de la ley califique como «muy difícil» realizar una estimación de su propio impacto económico y considera «muy escasas» las estimaciones realizadas por el Gobierno, que se justifica en la complejidad de este análisis. Por eso, la Junta cree que la ley va a tener una tramitación «complicada, llena de enmiendas y con un texto amplio y difuso, lo cual no permitirá que sea aprobada hasta el verano en el mejor escenario». Además, señala no se establece un sistema de indicadores para evaluar la incidencia de esta ley.

En materia de vivienda, las alegaciones del Ejecutivo autonómico indican que la «ambigüedad» de esta regulación puede perjudicar «gravemente» la seguridad jurídica del mercado inmobiliario. El texto denuncia en varios puntos la «extralimitación» competencial del Estado, en materia de urbanismo así como de rehabilitación y considera que el régimen de las obras de calidad y sostenibilidad del medio urbano no contribuyen por su «rigidez» a la superación de la crisis. También considera necesario que la nueva ley especifique que «únicamente» puedan ser titulares del derecho de realojo y retorno los ocupantes legales de viviendas y locales y no los usuarios.

La Junta rechaza el principio de «racionalidad» en la construcción residencial porque en su opinión «entorpecerá y complicará» la acción de las administraciones públicas.

Finalmente, considera «insuficiente» el artículo 135 referido al Fondo para la Economía Sostenible y aprovecha para denunciar que el sistema de financiación autonómica no satisface los principios de suficiencia y solidaridad y «sobrevalora» la variable de población. Por ello, cree que las administraciones públicas no podrán reducir a 30 días el periodo de pago debido a la «restricción del crédito».