La ley de carrera profesional se tramitará por vía urgente

Las Cortes de Castilla y León esperan que ambas normas puedan ver la luz en el primer trimestre del año dada su “importancia suficiente”

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Miembros de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. / Europa press
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Las Cortes de Castilla y León tramitarán por la vía de urgencia las proposiciones de ley de Carrera Profesional y de Seguridad Alimentaria para que ambos textos puedan ver la luz en el primer trimestre del año ya que después se disolverá el Parlamento con motivo de las elecciones autonómicas del mes de mayo.

Este es el principal acuerdo alcanzado este viernes en la reunión de la Junta de Portavoces y de la Mesa de las Cortes donde se ha dado el visto bueno a reducir los periodos de presentación de enmiendas a ambas proposiciones de ley, la primera impulsada por el PP y la segunda con la rúbrica del resto de los grupos, por considerar que tienen “la importancia suficiente” para que puedan ser aprobadas en la presente Legislatura.

“De otra forma sería muy complicado”, explicó el portavoz del Grupo Parlamentario Cs, Luis Fuentes, que anunció enmiendas a la proposición de ley del PP para extender la carrera profesional a todos los empleados públicos de la Comunidad donde las mayores dudas de la formación naranja pasan por cómo y cuándo se va a dotar presupuestariamente la futura norma.

En este punto, el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha advertido de la “maniobra electoralista” del proyecto de ley de la carrera profesional promovido, a su juicio, por el “miedo electoral” del candidato del PP a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pero justificó el visto bueno del PSOE a la tramitación del texto por la “vía de urgencia” para dar una “oportunidad” a los populares para que la nueva norma entre en vigor este año y no en 2020 y “en diferido” como contempla el texto registrado en las Cortes.

“Si verdaderamente quieren mejorar las condiciones de la Función Pública tienen la oportunidad de retratarse”, insistió Tudanca que retó a los populares a poner sus compromisos “negro sobre blanco” para que la norma entre en vigor antes de las elecciones autonómicas del 26 de mayo para que todos los funcionarios sepan “a qué atenerse” después de “una década tras otra” de espera.

Tudanca se mostró convencido al respecto de la posibilidad de habilitar una partida de 75 millones de euros.

Sin embargo, el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ángel Ibáñez, rechazó que la norma pueda entrar en vigor este año ya que, según explicó, hay que seguir “los pasos” que pasan por la aprobación de la ley, primero, para proceder después al desarrollo reglamentario oportuno para convocar después la carrera profesional.

“Es imposible materialmente antes de 2020”, aseguró Ibáñez ante la “demagogia” o “mala fe” del Grupo Socialista en este sentido al que ha pedido “propuestas coherentes y ordenadas” con un llamamiento también a los sindicatos a la “tranquilidad”, desde el convencimiento de que la redacción final va a “salvaguardar” la vinculación económica de la norma.

En este punto, se mostró partidario de seguir dialogando con los grupos y con los sindicatos para conseguir “el mayor consenso posible” como “merece” la Función Pública de Castilla y León.

Por su parte, el Grupo Podemos votó en contra de la tramitación por la vía de urgencia de ambos textos, en el caso de la proposición de ley de seguridad alimentaria por los cambios “unilaterales” y sin previo aviso introducidos por Ciudadanos y en el caso de la norma de la carrera profesional por considerar que se trata de un asunto de suficiente importancia que merece ser tratado “con precaución y seriedad” y “no deprisa y corriendo”, en palabras de la viceportavoz, Natalia del Barrio.

Del Barrio apeló también a la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declara nulo de pleno derecho el catálogo de puestos tipo aprobado en 2017 con dudas ahora sobre cómo va a quedar por lo que la formación morada ha pedido la comparecencia en pleno del vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, a la que se ha opuesto el PP que apuesta por una comparecencia en comisión en periodo ordinario mientras que los socialistas pedirán la reunión urgente de la Diputación Permanente para que el también consejero de la Presidencia de explicaciones por “todos los desastres” ocurridos en la Función Pública en este mandato.

Dicho esto, la viceportavoz de Podemos explicó que su grupo escuchará a todos los sindicatos para que la ley salga “lo mejor posible” en beneficio de la Función Pública de Castilla y León “y no en beneficio partidista” como ocurre, a su juicio, con el texto registrado por el PP, con especial atención a la necesidad de eliminar el artículo 7 que vincula y limita la carrera profesional a factores que “no tienen sentido”.

Luis Tudanca aprovechó la ocasión para comparar la “política útil” que practican los socialistas donde gobiernan, con el ejemplo expreso de la “histórica subida” salarial del 2,25 por ciento para los trabajadores del sector público, con el “desastre” de la gestión de la Junta de Castilla y León tras una nueva sentencia que ha supuesto un “zas en toda la boca”.