La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, atiende a los medios en la rueda de prensa.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, atiende a los medios en la rueda de prensa. / e.p.
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La Junta de Castilla y León se ha marcado un mes de plazo para poder ofrecer un recurso a las víctimas de violencia de género que tengan que ser atendidas en uno de los tres centros de emergencia que hay en la Comunidad ante una situación de “extrema emergencia”, entre los que citó acudir a una casa de acogida en la Comunidad o fuera de ella, en función de las necesidades de las víctimas y de las personas a su cargo.

Así lo explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, tras la aprobación ayer en el Consejo de Gobierno del decreto que garantizará una red homogénea de centros de acogida y “una atención de calidad y coordinada” en todo el territorio para las víctimas de la violencia de género y para las personas que dependen de ellas.

La consejera precisó que los centros de la red proporcionarán atención y apoyo personal a las víctimas así como profesionales de referencia, apoyo para la elaboración del proyecto de vida, atención normalizada en los ámbitos psicológico, educativo, sanitario, laboral y jurídico y alojamiento, manutención y convivencia además de “lo necesario” respecto a ropa, calzado o higiene personal, material escolar o material para el desarrollo de las actividades en las que participe sin olvidar cobertura económica para dinero de bolsillo o para desplazamientos, información y participación.

Tras destacar la “altísima participación” conseguida para la redacción del nuevo decreto, García hizo especial hincapié en que su finalidad es garantizar la seguridad y la atención “integral, continuada y adaptada a las necesidades” de las personas usuarias para promover su integración y potenciar el desarrollo de sus capacidades para que “vuelvan a tener una vida normalizada”, con especial atención a las que tienen menos recursos.

Entre las principales novedades del decreto mencionó la existencia de centros especializados según las necesidades específicas de las víctimas (drogodependencias, discapacidad, enfermedad mental grave o víctimas de trata), así como un servicio complementario de fomento a la autonomía, “muy similar a las funciones que desempeñan actualmente los centros de día”.

“Es muy importante”, consideró la consejera que recordó que hay mujeres con una “doble vulnerabilidad” ya que, además de ser víctimas de violencia de género, pueden tener una enfermedad mental grave o padecer una drogodependencia. Según recordó a este respecto, en pasado año se crearon tres plazas residenciales para víctimas de trata y recursos habitacionales para mujeres víctimas de violencia de género drogodependientes (nueve centros), además de los recursos habitacionales ya disponibles para mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad por enfermedad mental grave.

Según detalló, se trata de una nueva tipología de centros que responde a la reciente actualización del Catálogo de Servicios Sociales en la prestación de atención en centros residenciales, que incorporó las nuevas modalidades de servicio de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad por enfermedad mental grave; servicio de atención integral a mujeres drogodependientes en situación de violencia de género y servicio de atención especializada a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Catálogo ampliado

Además y fruto de la ampliación del citado Catálogo de Servicios Sociales se incluye como beneficiarios, no solo a mujeres víctimas de violencia de género, sino también a los hijos e hijas a cargo de la mujer y a otras personas dependientes de ella.

Otra de las novedades pasará por puesta en marcha de una aplicación informática de gestión de plazas de los centros de acogida, para que las comisiones técnicas que determinan los ingresos sepan en todo momento la situación real de ocupación de plazas y facilite su labor a la hora de ingresar a las víctimas de violencia de género y personas dependientes de ellas.

También se regulará un régimen de acreditación de los centros, como un “plus de garantía de calidad y buen funcionamiento”, en “coherencia” con los principios y directrices del modelo de atención integral a víctimas de violencia de género ‘Objetivo Violencia Cero’. García destacó también la coordinación con el resto de agentes implicados, la formación continuada del equipo profesional del centro o el desarrollo de programas orientados a la inserción laboral.