La investigación cifra en 6.000 los ataúdes retirados durante 20 años

El juzgado ordena levantar el secreto de sumario • El pasado sábado la magistrada ordenó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del dueño de la funeraria

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En total son 15 personas las detenidas por el supuesto fraude cometido en la empresa funeraria El Salvador.
En total son 15 personas las detenidas por el supuesto fraude cometido en la empresa funeraria El Salvador. / efe
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El Juzgado de Instrucción nº 6 de Valladolid, que investiga presuntas prácticas irregularidades en la actividad de la empresa funeraria El Salvador, acordó ayer levantar el secreto de sumario de la pieza en la que se acordaron las intervenciones telefónicas que hicieron posible la operación con 15 detenidos.

El juzgado investiga, entre otras actividades presuntamente irregulares, si se retiraban los ataúdes antes de la incineración y se revendían. Tales prácticas habrían estado realizándose durante 20 años, pero no afectan a todas las incineraciones realizadas en este periodo. De manera provisional, se estima que fueron retirados casi 6.000 féretros entre 1995 y 2015, según una información del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

A los afectados se les irá llamando paulatinamente para informarles de la existencia del procedimiento judicial. Se contactará con ellos y se les hará el ofrecimiento de acciones para que puedan personarse en la causa, algo que ya han formalizado hasta el momento siete presuntos damnificados, según confirma la Delegación del Gobierno a partir de datos facilitados por la Policía Nacional.

prisión provisional

El pasado sábado, la magistrada acordó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del dueño de la mercantil, y la prisión provisional eludible bajo fianza de 800.000 euros de su hijo, que aún permanece en la cárcel.

Los otros trece arrestados quedaron en libertad. Todos ellos, los 15 detenidos, son investigados en una causa abierta por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.

Se trata de una calificación jurídica genérica y provisional. Las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción judicial permitirán esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos.

Las diligencias tienen su origen en 2017. En el marco de esta investigación, el pasado jueves la Policía Nacional practicó por orden judicial siete entradas y registros en domicilios particulares y empresas de la capital y de la localidad de Santovenia de Pisuerga.