Familia e Igualdad de Oportunidades acordó ayer con el sector de la dependencia incrementar las cuantías máximas que percibe una persona de grado II -dependiente severo- con las de grado III -gran dependiente- para «garantizar» que todos ellos alcancen una capacidad de gasto de, al menos, 1.100 euros al mes en servicios profesionales, tal y como explicó la consejera Milagros Marcos, quien calificó esta subida como «un gran esfuerzo» para el Ejecutivo autonómico.
Con esta «mejora en la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León», los dependientes severos con una capacidad económica de 357 euros pasarán así de percibir 511 euros al mes a 742 euros, lo que supondrá que contarán con 1.100 euros para adquirir el servicio más caro: una plaza residencial. En el caso de que tengan una capacidad económica de 550 euros, percibirán 550 euros. Y si cuentan con 700 euros de capacidad económica, recibirán 400 euros.
El fin último de esta medida, consensuada tanto con el Cermi como con las asociaciones de residencias Lares y Acalerte, es que todos los dependientes severos «puedan acceder en igualdad de condiciones que un gran dependiente a una plaza residencial u otros servicios con independencia de su capacidad económica», en palabras de Marcos.
Un 52 por ciento de los discapacitados de grado II, entre 11.000 y 12.000 personas, se verá beneficiado por este incremento en las cuantías, lo que demuestra, según la consejera, la «apuesta total» de la Junta por «la atención profesional» y su accesibilidad por parte de «quienes más lo necesitan».
En el acuerdo rubricado, la Junta estableció con Lares y Acalerte, que aglutinan el 80 por ciento de las plazas residenciales de la Comunidad, el precio de referencia por cada plaza entre los 1.100 y los 1.500 euros. Además, Castilla y León también ha abierto la puerta a la posibilidad de que los dependientes de grado I -moderados- puedan acceder a una plaza residencial, aunque este beneficio no figure en el marco de protección estatal.
Por otro lado, la eliminación de las cuantías mínimas a los dependientes con rentas más altas, la agrupación de niveles dentro de los grados y el «mantenimiento» del presupuesto de la Consejería de Familia, que ha bajado un 1,05 por ciento con respecto a 2012, permitirán suprimir tanto en 2013 como en 2014 las anunciadas reducciones del diez por ciento anual en las prestaciones económicas destinadas al cuidado familiar, con lo que éstas sólo ser verán reducidas en el 30 por ciento aplicado este año, un 15 por parte del Gobierno central y otro por la Junta.
La Consejería, además, se compromete a que el pago de las prestaciones económicas de todos los grados de dependencia se realice en los diez primeros días del mes siguiente a la tramitación de la nómina.
Familia y Cermi acordaron de la misma forma que las personas que requieran un centro residencial y a la vez un centro de día o un centro ocupacional puedan recibir dos ayudas vinculadas que les permita acceder a las dos plazas al mismo tiempo. De esta forma, una persona con discapacidad de grado III de Dependencia contará con 2.100 euros, entre la ayuda vinculada y su capacidad económica, para acceder a los dos servicios. Una de grado II dispondrá en conjunto de 1.600 euros, y una de grado I, con un total de 1.400 euros. Esta mejora se hará extensiva al servicio de promoción de la autonomía personal.
Todas estas medidas serán recogidas en una modificación de una orden que se publicará el 31 de diciembre en el Boletín Oficial de Castilla y León para que tenga efectos desde el 1 de enero de 2013.
El vicepresidente del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (Cermi), Francisco Sardón, valoró el acuerdo porque, en su opinión, «garantizará la atención a las personas que más lo necesitan» y contribuirá a la «defensa del sistema de la dependencia». No obstante, y aunque se «congratuló» por la relación de «fluidez con la administración», constató que los acuerdos «no» implican «siempre lo más óptimo para todos».