Espinosa reprocha a la Junta que «desaproveche» Ley de Desarrollo Sostenible

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha reprochado hoy a la Junta de Castilla y León que "esté desaprovechando" la oportunidad que da al medio rural la Ley de Desarrollo Sostenible y ha dicho que le "choca" el número de alegaciones a los planteamientos autonómicos.

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha reprochado hoy a la Junta de Castilla y León que «esté desaprovechando» la oportunidad que da al medio rural la Ley de Desarrollo Sostenible y ha dicho que le «choca» el número de alegaciones a los planteamientos autonómicos.

Tras reunirse con el secretario general del PSCL-PSOE, Óscar López, y otros miembros de este partido, Espinosa ha explicado que las alegaciones presentadas desde Castilla y León a la distribución de «zonas preferentes» de actuación en el medio rural son el 90 por ciento de las presentadas en toda España sobre el desarrollo de esta norma estatal.

Espinosa y López han comparado el número de alegaciones planteadas al desarrollo normativo de Castilla y León, que suman 572, con las 12 registradas en una comunidad como Andalucía, que es la segunda con más recursos planteados.

La ministra ha recordado que al elaborar la norma estatal se intentó «ser absolutamente respetuosos» con las competencias de las autonomías, para lo que se optó por que fueran los gobiernos autonómicos los que delimitaran las zonas preferentes donde realizar las inversiones financiadas con cargo a esta ley de desarrollo sostenible.

Para Espinosa, la contestación que ha recibido la Junta de Castilla y León a su forma de establecer las zonas preferentes «puede conllevar que la ley no arranque con la misma velocidad en unas zonas que otras».

En su opinión, no le corresponde a ella explicar por qué la Junta de Castilla y León «está desaprovechando» la herramienta de la Ley de Desarrollo Sostenible. «Son ellos los que tienen que contestar», ha dicho al preguntarle los medios por la receptividad encontrada en el Gobierno autonómico para modificar las zonas preferentes establecidas.