El Manifiesto de Villalar exige un «salto definitivo» en la ordenación territorial

El documento pactado reivindica el protagonismo de la Comunidad en la gestión de la cuenca del Duero y el traspaso de la Justicia, pero con una «financiación adecuada».

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El Manifiesto Villalar 2011, presentado ayer por los once colectivos políticos, sociales y económicos que lo han suscrito, reclama dar el «salto definitivo» en la ordenación del territorio de Castilla y León para corregir las desigualdades económicas y sociales entre los municipios y las provincias, la emigración juvenil, el envejecimiento y la despoblación.

El texto tiene como ejes la crisis, el paro, las reformas para avanzar en un nuevo modelo productivo, la crisis agraria, la ordenación del territorio y el desarrollo del Estatuto tanto en nuevas competencias como en nuevos derechos y todo bajo el lema ‘Una respuesta social ante la crisis’, pero no olvida la solidaridad con el pueblo japonés por los efectos del terremoto.

Para corregir las diferencias sociales y económicas de los territorios, los firmantes proponen un sistema equilibrado entre todas las administraciones para utilizar con más eficiencia los recursos, prestar servicios públicos de calidad con carácter universal y gratuito y garantizar el derecho a la salud, la educación y los servicios sociales en toda la Comunidad.

También entienden que es imprescindible extender las redes de comunicación y las telecomunicaciones a todos los municipios, reforzar el transporte público de cercanías y mercancías y apoyar el desarrollo del coche eléctrico.

Duero. «El desarrollo del Estatuto se ha visto condicionado por la sentencia del Tribunal Constitucional en contra del traspaso de las competencias del Duero a Castilla y León», subrayan los firmantes, que, desde el respeto al fallo del alto tribunal, plasman en el Manifiesto la reivindicación de que la Comunidad tenga «protagonismo» en la gestión de los usos del agua.

Además, en el apartado de desarrollo del Estatuto, no olvidan la petición de las competencias de medios materiales y personal de la Justicia, pero con una «financiación adecuada que permita mejorar» el servicio que presta esta administración a los ciudadanos.

Cerca de 70.000 familias tienen todos sus miembros en paro que «demandan soluciones urgentes» y otras tienen dificultades para hacer frente al pago de sus hipotecas, recuerda el texto firmado por PP, PSOE, IU y PCAL; los sindicatos CCOO y UGT; la patronal Cecale; las opas Alianza por la Unidad del Campo (COAG y UPA) y UCCL; Cavecal y Consejo de la Juventud.