El Ejecutivo regional apremia la creación de la norma de protección a funcionarios

La futura ley incluirá de forma pionera el amparo y la defensa de las garantías a los empleados públicos que denuncien hechos relacionados con delitos contra la Administración

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La Junta de Castilla y León empezó ayer a dar los primeros pasos en la elaboración de la futura ley por la que se regularán las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecerán las garantías de los informantes.

Para ello, el Consejo de Gobierno analizó el anteproyecto de esta Ley que busca dar un “plus de garantía” a esos informantes y avanzar “con más contundencia” y con hechos en la necesaria prevención del delito. Una necesidad que resulta más importante si cabe en estos momentos en los que se habla de regeneración democrática, un concepto que, en su opinión, se está “saboteando demasiado” sin esos hechos.

“Tenemos mucha prisa”, reconoció el consejero de la Presidencia. De Santiago-Juárez abogó así por la “tramitación urgente” en las Cortes de este texto que será negociado en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos que convocará la próxima semana y se pondrá a disposición durante 15 días en el Portal del Gobierno Abierto para que los ciudadanos planteen sugerencias. El texto, pasará también por el Consejo de Función Pública para someterse a información del Consejo Consultivo, también por el trámite de urgencia.

De esta forma, el consejero de la Presidencia definió la futura ley como una norma “muy sencilla” que incluirá de forma pionera en el país mecanismos que protejan a los empleados públicos informadores, tanto funcionarios como personal estatutario y laboral, en esas informaciones sobre supuestas irregularidades.

Entre las principales medidas de la futura norma destaca que no podrá realizarse ninguna actuación que pudiera perjudicar a la situación laboral de las personas que hayan comunicado una posible incidencia. Una protección que será aplicable durante la sustanciación de las actuaciones —entre dos y seis meses—. Además, en el caso de que las informaciones se hayan remitido al Ministerio Fiscal, las anteriores garantías mantendrán su vigencia hasta que se dicte sentencia firme o se decrete el archivo definitivo.

Dicho esto, el consejero aseguró que “de forma excepcional” se podrá acordar el traslado del empleado cuando lo solicite y concurran circunstancias —debidamente apreciadas por la Inspección General de Servicios—, que así lo justifiquen. Un traslado que es también una medida prevista para los casos acoso laboral en la Ley de Función Pública de Castilla y León.

“Estas mismas garantías se aplicarán también a aquellos empleados públicos que hayan denunciado directamente ante la justicia la posible comisión de un delito”, añadió el consejero. En ese sentido, recordó que después del proceso esos informantes están también amparados por la Ley de la Función Pública para incidir en que la futura norma dará ese “plus de seguridad”.

Un mecanismo útil

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos anunció ayer que estudiará con “detenimiento” el texto que propone la Junta de Castilla y León sobre la protección a los funcionarios “para garantizar que realmente sea un mecanismo útil de protección a los funcionarios que destapen casos de corrupción en el seno de la Administración”.

Tras asegurar que de demostrarse que es un mecanismo realmente útil contará con el voto afirmativo de Ciudadanos, el portavoz de la formación naranja, Luis Fuentes, dudó de que el anteproyecto de la Junta responda al espíritu real de impedir que se coaccione a quienes destapan casos de corrupción. “El consejero de Presidencia critica ahora una propuesta que su Grupo Parlamentario aprobó en las Cortes”, señaló.