El procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel durante una intervención en el Pleno de las Cortes.
El procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel durante una intervención en el Pleno de las Cortes. / Europa press
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El procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía de Valladolid ante un supuesto delito de malversación que cifró en cerca de 50 millones de euros relativo al primer reequilibrio en el proyecto de construcción del Hospital Universitario de Burgos, al entender que se abonaron a la constructora conceptos que no figuraban recogidos en el contrato.

Aunque se barajó con la posibilidad de que la denuncia fuera avalada por todos los grupos de la oposición, Mitadiel decidió presentarse en solitario en el despacho de la Fiscal Jefe, Soledad Martín Nájera, “al no haber vuelto a saber nada de aquella declaración de intenciones” y, además, ante la necesidad de poner los hechos en conocimiento de la Justicia antes de que prescriba el delito y también al disolverse hoy las Cortes, y por ello el parlamentario de Cs quería cumplir el trámite antes de dejar de ser procurador.

El denunciante, en declaraciones recogidas por los medios, optó por “aislar” del largo y “desgraciado” expediente del HUBU un hecho muy concreto, el denominado primer reequilibrio presupuestario, que, a su juicio, no habría prescrito ya que data de 2010 —la prescripción es a los diez años— y por considerar que al menos podría constituir un delito de malversación de caudales públicos que se eleva a los 50 millones de euros.

En concreto, el parlamentario de la formación naranja denunció que en ese primer reequilibrio la Junta abonó a la empresa Eficanza 35,6 millones de beneficio industrial y gastos generales, que con el IVA se elevaron a 43 millones, y ello a pesar de que ambos conceptos no aparecían recogidos en la oferta inicial y, además, se pagaron por la totalidad de la obra.

“Pero además, en otros gastos soportados por la constructora se pagaron otros casi 6 millones, también tomando como referencia los gastos totales”, censuró Mitadiel, quien extendió sus críticas a que ese primer reequilibrio fue financiado mediante la concesión de un crédito a 13 años, con dos años de carencia y una comisión de apertura del 2,5 por ciento, “un auténtico disparate que costó más de un millón de euros y que ningún banco hubiera aplicado a la Junta”.

El parlamentario de Cs apuntó que ese abono irregular de conceptos no contemplados en la oferta inicial, como el beneficio industrial y los gastos generales, ya fue corregido en posteriores reequilibrios con informes avalados por la Junta y la Gerencia regional de salud.

Mitadiel enmarcó lo ocurrido en ese “expediente desgraciado”, como así reiteró, que comenzó con un presupuesto de ejecución del HUBU por importe de 1.000 millones que luego se elevó a los 1.700 y que obligó a cambiar el emplazamiento del complejo sanitario, “ya que nadie había hecho una cata parra los cimientos”, o que llevó más tarde a modificar las necesidades para espacios de asistencia médica y a duplicar el equipamiento cinco años después.

Renuncias

Con esta denuncia, Mitadiel dio por concluida su trayectoria como parlamentario regional tras renunciar a presentarse a las próximas elecciones. El todavía político de Cs se mantiene firme en su decisión en cumplimiento de un “compromiso” con su familia y con sigo mismo “para ganar calidad de vida”, concluyó.

La Comisión de Investigación de las Cortes en torno a los sobrecostes en la construcción y la adjudicación del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), tras dos años en funcionamiento, se dio por concluida a finales del pasado mes de febrero con la falta de acuerdo entre el PP y los grupos de la oposición en las conclusiones de la misma. Sin embargo, la oposición —que consensuó unas conclusiones entre todos los grupos que la conforman— barajó ya acudir a la Fiscalía para que la justicia investigue. La oposición acusó al PP de pretender tapar lo ocurrido en un proceso “cargado de irregularidades” y sospechó de que pudiera haber “mucho más” de lo que son capaces de descubrir en la comisión dados los “instrumentos y cortapisas” que han tenido, sin asesoramiento técnico y una documentación “farragosa” difícil de consultar sin personas cualificadas y expertas que pudieran instruirles.