Cermi exige la entrada en vigor de la Ley de Oportunidades del colectivo

Sardón advierte de que «la crisis económica y social no puede servir de coartada o pretexto para detener las políticas públicas de discapacidad» y exige un «compromiso firme»

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El presidente del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León (Cermi), Francisco Sardón, demandó ayer a la Junta la entrada en vigor de la Ley de Igualdad de Oportunidades para este colectivo , que se espera, dijo, para el primer cuatrimestre de 2012, así como el Catálogo de Servicios Sociales, que garantice unas prestaciones mínimas basadas en la «especialización y la calidad». Sardón aseguró que están «participando activamente» en la elaboración de la normativa y desean que «buena parte» de sus reivindicaciones «vayan recogidas en esta ley». Sardón leyó un manifiesto con motivo de la celebración del Día Europeo e Internacional de las Personas con Discapacidad, elaborado bajo el lema ‘Por los derechos sociales y la continuidad y estabilidad del sector de la discapacidad’. De esta forma, exigió «medidas transformadoras que garanticen la igualdad de oportunidades, el derecho a la inclusión en la comunidad y el fin de las discriminaciones que todavía sufre este grupo social».

En este sentido, advirtió de que «la crisis económica y social no puede servir de coartada o pretexto para detener las políticas públicas de discapacidad». Aseguró que la grave situación económica «tiene un impacto mucho mayor» en las personas con discapacidad y exigió al nuevo Gobierno y al autonómico que se comprometan «firmemente» con este colectivo y sus familias «mediante el desarrollo de legislaciones, políticas y estrategias». Sardón precisó que en Castilla y León hay 150.000 discapacitados (65 por ciento físicos, diez por ciento intelectuales y 12 por ciento sensitivos, entre otras), cuya tasa de paro normalmente triplica la del resto de ciudadanos, pero que con la crisis están registrando cifras de desempleo «alarmantes», que están poniendo en riesgo su inclusión social. Al respecto, exigió «políticas efectivas de inclusión laboral» para estas personas con incentivos a la contratación para las pymes.

Sardón se detuvo en la Ley Dependencia que ha tenido un «desarrollo óptimo» en la Comunidad, pero advirtió de que «no necesita recortes, moratorias o replanteamientos a la baja, sino un impulso político y presupuestario decidido». Asimismo, incidió en que no se debe confundir con el resto de los servicios sociales, porque no todos los discapacitados son dependientes. «La discapacidad y las políticas de discapacidad tienen sustantividad y perfil propios, y no pueden confundirse con la atención a la dependencia, que es sólo una parte de las políticas de inclusión», dijo.

El presidente del Cermi también calificó de «imprescindible» que se reconozca y se garantice la estabilidad y viabilidad de las entidades y servicios de la discapacidad a través de «formulas de financiación estables» que «no dependan de las prestaciones del Sistema para la Autonomías personal y Atención a la Dependencia», finalizó.