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La ciudad sin murallas | por Jesús A Marcos Carcedo
foto En La Ciudad sin murallas abordaré temas de actualidad social, cultural y política, pero desde un punto de vista filosófico o de crítica general. Estará muy presente el análisis de los contenidos de películas y de libros de actualidad y de las situaciones políticas novedosas y el comentario de asuntos relativos a la ciencia, la filosofía y la psicología.
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jueves, 30 de marzo de 2017
¿Es democrático el proceso secesionista de Cataluña?

   Los independentistas catalanes sostienen que los pasos que van dando para crear un estado nuevo, que debería proceder de la separación de una parte del actual Estado español, son producto de un genuino proceso democrático. En el lado opuesto, el gobierno de España y todos los que le apoyamos en esto consideramos que es también la democracia la que sostiene nuestro empeño en evitar la secesión mediante el procedimiento que ellos han iniciado. Entonces, ¿quién tiene la razón?, ¿en qué orilla está la democracia si se tiene por tal el ejercicio del derecho al voto y ambas partes lo  entienden así? ¿Basta con poner las urnas en la calle, como se dice en el lado nacionalista, para considerar que se está actuando democráticamente? ¿O, como se repite desde Podemos, no está bien condenar a quienes se han limitado a sacar urnas? Si ustedes vienen leyendo lo que escribo, recordarán mi interés por el problema de los límites de la democracia. Más allá del uso mágico de la palabra, tan frecuente entre los que se identifican de manera fanática con ella –y contradictoria, pues ha sido pensada como antídoto del fanatismo-, la democracia no lo soluciona todo, sencillamente, porque no lo es todo. Sus propios procedimientos pueden llevar al poder a dirigentes incompetentes o de ideologías disolventes.  Tampoco ha estado ahí siempre, ni tiene garantizada su permanencia en el futuro, ni caracteriza a todos los gobiernos del planeta. Y, lo que aquí más nos interesa, no basta con creer que la democracia consiste en sacar las urnas a la calle: hay que determinar previamente quién debe ponerlas, por qué motivo, en qué momento, a quién se convoca y dentro de qué fronteras.

   Es verdad que, en cierto sentido, puede decirse que las urnas son siempre democráticas, pero, si se aplicara tal principio a rajatabla, cualquiera podría ponerlas en su barrio, restringiendo el electorado a su antojo para evitar la aplicación de leyes que perjudicaran sus negocios por muy deshonestos que fueran. Resulta claro, pues, que toda democracia requiere de un ámbito dentro del cual se ejerza el derecho al voto y que, en principio, sea inalterable. Pero la cuestión está en cómo se constituye ese ámbito. Desde luego, la democracia no nació con el comienzo de los tiempos y ni siquiera con el comienzo del tiempo históricamente documentado. Por lo tanto, a cualquier democracia le ha precedido un tiempo predemocrático de gran importancia porque en él se han gestado muchas de las condiciones en las que aquella tendrá que desarrollarse. Especialmente, en el periodo predemocrático se generan los que luego deberán ser sus límites geográficos y demográficos. Así, por ejemplo, la democracia americana se proclamó en los territorios de las trece colonias inglesas del nordeste del continente y Francia erigió la suya dentro de las fronteras heredadas de las posesiones de las dinastías reales que gobernaron el país. En España, han sido el territorio y los pueblos que habían pertenecido a los borbones los que han constituido el marco de las democracias que, con diverso grado de profundidad, se han establecido desde el siglo XIX.  Ninguna democracia, es patente, ha surgido de la nada histórica. Sin embargo, una vez constituidas, las democracias reclaman como suyo el ámbito en el que han nacido y no permiten su alteración sino desde los procedimientos generales que hayan sido aprobados por todos los que forman parte de él. Si un territorio con una determinada población y que es sólo una parte del conjunto quisiera trazar una nueva frontera sin recurrir al procedimiento democrático general, no estaría situándose en el limbo de la predemocracia, sino recurriendo a procedimientos antidemocráticos, en cuanto que opuestos al sistema democrático en el que se halla incluido.

   Desde mi punto de vista, este es el caso del secesionismo catalán: mediante un proceso sui generis se pretende instaurar una situación nueva, que, tal vez, pudiera dar origen a una nueva democracia, pero que, de ninguna manera, lo haría democráticamente. En realidad, el “proceso” es antidemocrático, en cuanto conculca el orden democrático en el que está incluida Cataluña. El sofisticado golpe de mano que se está llevando a cabo puede desembocar, en el mejor de los casos, en una situación predemocrática, aunque se trataría de una predemocracia bien distinta de aquellas que han constituido la salida histórica del absolutismo monárquico o de las dictaduras. No habría aquí aquella ingenuidad originaria, sino la perturbadora constatación de que quienes han propiciado la nueva situación han creído que se puede volar por encima y lejos de la democracia: cuando conviene, se considera secundario el procedimiento democrático con tal de servir a otros principios que se ven más encumbrados.

   La modificación de fronteras siempre es problemática y casi siempre peligrosa. Sólo hay que saber algo de historia para apreciar el valor de su estabilidad. Si se quiere alterarlas y, además, hacerlo sin rigor democrático o de manera contraria a la democracia, se ha que tener muy claro cuáles son los valores superiores que se invocan para hacerlo y qué proyección pueden tener en la práctica. Por mi parte, no veo ninguno suficientemente aceptable para nuestro caso, ni siquiera tratando de ponerme en la perspectiva que no es la mía. Si se sitúa por encima de todo la afirmación de la nación catalana, nada indica que en el seno del Estado español se esté produciendo un deterioro de su identidad. Quizá por eso, porque no hay deterioro nacional, se haya recurrido al expediente del maltrato económico: si verdaderamente Cataluña estuviese siendo expoliada, se tendría un argumento bastante convincente para romper con el orden democrático español. Pero ocurre que, si tal situación se correspondiese con la realidad, España, al tratar como una colonia a una de sus partes, no sería una democracia internacionalmente reconocida y homologada con las europeas. Y tampoco resulta creíble que una de las zonas más prósperas de España esté siendo ni siquiera perjudicada por su inserción en el actual Estado democrático.

facebook: Jesús A. Marcos

ciudadsinmurallas@gmail.com

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