Francisco Granados
El exsecretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, tras declarar contra Aguirre, González y Cifuentes. / E. P.
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Francisco Granados declaró ayer, a petición propia, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 por la pieza relativa a la presunta financiación irregular de la formación popular madrileña.

Así, el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados explicó en su declaración ante el jueza de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que eran los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González quienes controlaban directamente los nombramientos de los cargos al frente de la Comunidad de Madrid.

El presunto cabecilla de la trama Púnica aseguró que en el caso de la extinta Arpegio, empresa pública del suelo vinculada a la trama, delegó su responsabilidad en el exconsejero delegado Eduardo Larraz, por orden directa de Esperanza Aguirre. Larraz está investigado en la trama por las presuntas irregularidades en estas compañías y ya declaró en sede judicial para aclarar la procedencia de los 146 lingotes de oro, valorados en casi dos millones de euros, guardados en una cuenta en Suiza.

En relación al Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid, conocido como Plan Prisma, Granados ha asegurado que Aguirre decidió controlar directamente los fondos de esta partida, de modo que las adjudicaciones de las obras pasaron a depender directamente de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Además, en un momento determinado de su interrogatorio, que comenzó a las 10 de la mañana, afirmó que el expresidente Ignacio González y su sucesora en el cargo, Cristina Cifuentes, mantuvieron una relación sentimental, situándola entre los dirigentes con poder decisorio en Madrid.

Acusación a Cifuentes

El ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados situó a la actual presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, en el núcleo de poder del partido, junto con su antecesor en el cargo, Ignacio González, que dirigió las “campañas paralelas” que se organizaron exclusivamente para Esperanza Aguirre en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011. También resaltó que no se movía nada en la formación o en la Comunidad sin que lo supiese Aguirre.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, Granados explicó que no tuvo ningún poder en los años en que fue secretario general del PP de Madrid, ya que quien dirigía el partido era Ignacio González junto con su equipo más próximo, en el que ha situado a Cifuentes, al exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola, al senador Jaime González Taboada y a la exdirectora de Comunicación de Aguirre Isabel Gallego.

Ante preguntas de su abogado (unas 200), Granados indicó al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que en las reuniones de estrategia de las campañas electorales de 2007 y 2011 se dio cuenta de que el equipo de González era el que controlaba esas “campañas paralelas” y que deduce que se financiaban de forma irregular, si bien no aportó ninguna prueba porque asegura no tener ningún documento que lo acredite, aunque “sí que son nhechos que se pueden demostrar”.

Eso sí, el excabecilla de la trama corrupta Púnica dejó caer que esas campañas paralelas se habrían financiado con dinero de las campañas de comunicación de la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II y la Agencia de Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), entre otras.

Impresión de las fuentes

Las fuentes consultadas valoraron que el exdirigente habría sido poco claro en sus afirmaciones durante el interrogatorio. En un momento dado, dijo que González y Cifuentes mantenían buena relación en esos años y que la actual presidenta estuvo en la estructura que dirigía su antecesor hasta que hubo una “ruptura sentimental” entre ellos.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró, tras conocer la declaración de Granados, que se querellará contra el exsecretario general del Partido Popular de Madrid.

Fuentes del Gobierno regional señalaron que después “de tener conocimiento a través de los medios de comunicación de las declaraciones efectuadas hoy por Francisco Granados”, Cifuentes “va a ejercer ante los tribunales cuantas acciones civiles y penales le correspondan, por lo que constituye un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen”.

Así, presentará “de inmediato” una querella criminal que está ultimando su abogado, puesto que no va a hacer uso de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. El PSOE y Unidos Podemos solicitaron también que la dirigente madrileña acuda a la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular.

FuenteEuropa Press
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