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Atilano Soto, en una foto de archivo saliendo de la sede de la Audiencia Provincial, tendrá que comparecer como acusado junto al resto de integrantes de la dirección de Caja Segovia./EL ADELANTADO
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La presunta comisión de delitos de apropiación indebida agravado en algunos casos con el de administración desleal llevará al banquillo de los acusados a la cúpula de la extinta Caja Segovia, de acuerdo con el auto dictado el pasado jueves por el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital en el que se acuerda la apertura de juicio oral para dirimir la responsabilidad penal de los directivos de la que fuera entidad de ahorro segoviana.

El auto dictado por la magistrada Silvia Conde García desestima de esta manera la petición de sobreseimiento provisional de la causa realizado por la Fiscalía, y considera la apertura de la vista oral tras el análisis de los escritos de acusación formalizados por la acusación particular ejercida por la Fundación Caja Segovia , y por Izquierda Unida y la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) en su condición de acusación popular.

La magistrada delimita claramente en el auto la responsabilidad de los once directivos encausados en este procedimiento. De este modo, señala como presuntos responsables de los delitos señalados por las acusaciones al expresidente del Consejo de Administración Atilano Soto, a quien fuera el director general Manuel Escribano y a los integrantes del consejo Elena García Gil, Manuel Agudíez, Enrique Quintanilla y Antonio Tapias; mientras que considera responsables civiles a título lucrativo a Miguel Angel Sánchez Plaza, Oscar Javier Vargas, Juan Magaña, Malaquías del Pozo y Juan Antonio Folgado; y a la compañía de seguros CASER como responsable civil directo.

En la resolución judicial, la magistrada establece también el requerimiento de las fianzas para asegurar las repsonsabilidades civiles y pecuniarias que pudieran emanar del juicio oral. Así, Atilano Soto, Manuel Agudúez, Elena García, Antonio Tapias y Enrique Quintanilla deberán presentar una fianza conjunta de 24.454.167 euros, y también se solicita a la entidad Caja de Seguros Reunidos (CASER) una fianza de 18.386.591 euros, al ser esta la entidad en la que se contrataron las pólizas con las que se pagaron las prejubilaciones.

Para los directivos cuya responsabilidad civil es a título lucrativo, la jueza también ha requerido importantes fianzas. Así, la fianza para Miguel Angel Sánchez se eleva a los 3,9 millones de euros, y Oscar Varas deberá avalar 2,4 millones, mientras que Juan Bautista Magaña tendrá que aportar 1,019 millones, Juan Antonio Folgado 977.405 euros y Malaquías del Pozo 363.211 euros por este concepto.

La magistrada ha establecido en el auto un plazo de cinco días para hacer efectivas las fianzas, adviritiendo de que en el caso de incumplir este plazo “se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente”.

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