La Comisión de Transparencia recibe el doble de reclamaciones en 2017

El 80% de las demandas surgieron por falta de respuesta a una petición de información

La Comisión de Transparencia de Castilla y León dependiente del Procurador del Común recibió un total de 202 reclamaciones en 2017, el doble que el año anterior, de las que 96 se refirieron a denegaciones de información pedida a ayuntamientos, 45 se presentaron frente a la Administración autonómica y 17 en relación con la falta de información por parte de alguna de las cuatro universidades públicas de la Comunidad.

Según los datos aportados por este organismo dependiente de la institución del defensor del pueblo en Castilla y León, 164 de las reclamaciones planteadas, el 80 por ciento, se interpusieron ante la ausencia de respuesta a una solicitud de información. En los supuestos en los que la reclamación se presentó frente una resolución expresa, los motivos utilizados con mayor frecuencia para denegar la información fueron la protección de datos personales y la necesidad previa de reelaboración de la información solicitada.

El tipo de información pedida por los ciudadanos que ha motivado sus reclamaciones es “muy diverso” aunque las dos grandes materias que han dieron lugar a un mayor número de impugnaciones están relacionadas con el personal de la Administración y con la contratación y otorgamiento de licencias urbanísticas y de actividad por los ayuntamientos.

Más resoluciones

También fue “notable” el aumento de las resoluciones adoptadas por la Comisión de Transparencia, con 155 en 2017 frente a las 66 que se adoptaron el año anterior, en las que en 61 se estimó en todo o en parte la petición del ciudadano de acceder a determinada información y, por tanto, se requirió al organismo afectado para que facilitara la misma.

En 46 de estas ocasiones, las resoluciones estimatorias se dirigieron a entidades integrantes de la Administración local y 10 de las resoluciones estimatorias se formularon a alguna de las consejerías de la Junta de Castilla y León. “Estas resoluciones son ejecutivas y deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los tribunales”, recordaron desde la Comisión de Transparencia, que pertenece al Procurador del Común regional.

De hecho, en 2017 se presentaron dos recursos judiciales frente a resoluciones de la Comisión que aún no han sido resueltos. Como ejemplos de algunas de estas resoluciones se ha instado a la Administración autonómica a que facilite los datos correspondientes a sus Relaciones de Puestos de Trabajo y a la ocupación de forma temporal de algunos de ellos.

Además, se ha exigido a diversos organismos que proporcionen los datos solicitados por los ciudadanos en materia de publicidad institucional. También se ha requerido a una Diputación para que permita a un ciudadano acceder a información relativa al suministro de agua potable a los ayuntamientos de la provincia durante la época estival.

Por otra parte, La Comisión de Transparencia destaca que hasta en 43 ocasiones una vez que ha intervenido la plataforma regional ante la reclamación frente a una falta de respuesta a una solicitud de información, el organismo o entidad correspondiente ha reconocido el derecho del ciudadano a acceder a esta y se la ha proporcionado de forma posterior.

FuenteEuropa Press
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