Publicidad

El primer ministro de Etiopía, Hailemariam Desalegn, anunció ayer la liberación de todos los presos políticos del país y el cierre de un conocido centro de detención presuntamente empleado para torturar a los presos con el fin de extraer confesiones.
“Los políticos actualmente procesados y los que fueron condenados previamente verán sus casos anulados o bien serán indultados”, anunció en una rueda de prensa, explicando que la liberación de todos los presos políticos busca “fomentar la reconciliación nacional”, según informa la agencia Reuters.

El anuncio del primer ministro, según BBC, incluye el cierre del centro de detención de Maekelawi, epicentro de las acusaciones de tortura contra las autoridades por parte de los grupos de defensa de los Derechos Humanos y que hasta ahora han sido desmentidas por el propio Gobierno.

Según el diario etíope ‘Addis Standard’, la prisión se podría convertir en un “museo moderno”. Además, Hailemariam indicó que se abrirá un nuevo centro de detención que cumplirá con los estándares internacionales.

Por el momento no está claro qué es lo que ha motivado la decisión, que se ha producido tras días de consultas en las filas de la coalición gobernante, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (FDRPE). De hecho, el anuncio se ha realizado en presencia de los líderes de los cuatro partidos que lo integran, según explica la prensa local.

El ‘Addis Standard’ apunta a que el gesto podría estar relacionado con los dos días de acción en las redes sociales que se llevaron a cabo a finales de diciembre, lo que contribuyó a aumentar la sensibilización de la población sobre el sufrimiento de los presos políticos.

El país del Cuerno de África vive desde hace casi tres años una ola de violencia que comenzó con las protestas en la provincia de Oromiya por las denuncias de incautaciones de tierras.

Desde entonces, recuerda, varios políticos disidentes han sido encarcelados tras ser acusados de terrorismo y colusión con el grupo secesionista Frente de Liberación Oromo (OLF), al que el Gobierno calificó de grupo terrorista.

Investigación

Casi setecientas personas murieron durante los meses de protestas registrados en los años 2015 y 2016, según una investigación que fue ordenada por el Parlamento etíope.

A continuación, las protestas por los derechos de las tierras degeneraron en manifestaciones por las restricciones políticas y los supuestos abusos a los Derechos Humanos, incluido el encarcelamiento de Merera Gudina y Bekele Gerba, líderes del grupo opositor Congreso Federalista Oromo.

En los últimos meses, también se han producido enfrentamientos étnicos entre oromo y somalíes en la región de Oromiya que han dejado decenas de muertos.
El anuncio del primer ministro se produce al término de las conversaciones en el seno de la coalición gobernante de las últimas semanas con vistas a elaborar políticas para abordar el malestar de la población. De hecho, la inestabilidad ha generado una creciente fricción entre los miembros del FDRPE y dos altos cargos presentaron su renuncia.

Además, Etiopía está siendo acusada a menudo de usar los temores en materia de seguridad como excusa para ahogar la disidencia y la libertad de prensa. Su Parlamento, de 547 escaños, no cuenta con ningún representante de la oposición y los grupos opositores acusan al Gobierno del país de acoso constante e intimidación, si bien el Gobierno niega restricciones políticas.

FuenteEuropa Press
Compartir