El año 2017 ha sido el ejercicio en que tras los años de la crisis económica la inmigración a España ha comenzado a remontar y no sólo la regular, con un balance de flujos que devuelve las cifras a niveles de 2008, sino también de la migración forzosa con un techo histórico en peticiones de asilo y de la irregular, con cifras de pateras no vistas tampoco en los últimos años.
También ha sido el año de la promesa de nuevos centros de internamiento, incluído el denominado por los críticos como “el hotelito”, y un año más que se cierra sin el Reglamento de la Ley de Asilo, pendiente desde 2009.
El Anuario CIDOB de la Inmigración, presentado este mes de diciembre, es claro al respecto: En 2016 se produjo una “progresiva vuelta a los patrones pre crisis” hasta una “nueva normalidad” con la llegada de unas 420.000 personas, cifra un 22% más que en 2015 y que será inferior a la que se ha producido en 2017, pues según el INE, sólo en el primer semestre llegaron 237.115 personas, algo inédito desde 2008.
Balances
Los expertos apuntan que en estos flujos hay “nuevos inmigrantes”, sí, pero también un porcentaje apreciable de familiares que se reagrupan con residentes en el país y otro tanto de extranjeros que se nacionalizaron españoles o que sin hacerlo, se marcharon durante la crisis y ahora reemprenden de nuevo el camino. Estos son los ‘re-inmigrados’ y según los demógrafos, serán un perfil común a partir de ahora.
Según el Ministerio de Empleo, a 30 de junio había en España algo más de dos millones de ciudadanos de países no europeos con un permiso de residencia. Y de ellos, el 84% lleva más de diez años en el país. Entre quienes aún ostentan un permiso temporal, el 30% lo han recibido por reagruparse con familiares. En total, se cuentan 5,1 millones de habitantes de otras nacionalidades con una tarjeta de residencia en el país.
Mientras, se han incrementado los flujos irregulares que, según el ACNUR, son mixtos, es decir, integrados por migrantes con motivación económica y potenciales refugiados. De acuerdo a los datos oficiales, hasta octubre habrían llegado a España más del doble de pateras y de personas a bordo que en todo el año anterior: 824 embarcaciones frente a 357; y 16.010 migrantes en ellas frente a 6.556 el año pasado. El resultado, es una media de entre dos y tres barcazas al día.
Según la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX), sin contar el mes de diciembre han llegado a España más de 21.100 migrantes por vías irregulares, un 140% más que en el mismo periodo del año anterior. Sólo en el mes de noviembre fueron 3.900 las entradas irregulares, tres veces más que en 2016 y la cifra mensual más alta desde que esta institución comenzó a recoger datos en 2009. Al menos 222 personas han muerto o desaparecido intentando alcanzar España por el Mediterráneo, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
Ley de extranjería
Los datos de FRONTEX indican que más de la mitad de quienes han llegado a España por estas rutas eran de Marruecos y de Argelia y precisamente de allí son los migrantes que han protagonizado una de las polémicas del año. La decisión del Ministerio del Interior, avalada por media docena de jueces de instrucción de Murcia, de recluir en la cárcel de Archidona (Málaga), aún sin estrenar, más de medio millar de argelinos llegados al cabo de cuatro días en pateras a la costa sur española.
El hecho de que el centro esté diseñado para funcionar como una cárcel, habida cuenta de que la Ley de Extranjería impide recluir a inmigrantes en establecimientos penitenciarios, suscitó dudas y críticas en instituciones como el Defensor del Pueblo o el ACNUR y organizaciones de la sociedad civil.
Contestación que se ha elevo esta semana tras conocerse que siete de las personas internadas han resultado ser menores de edad y entregadas bajo tutela a la Junta de Andalucía. Este mes de diciembre los internos han comenzado a ser devueltos a Argelia por vía marítima.
El uso de una cárcel como un CIE, justificado por el Ministerio del Interior por la situación de saturación de los siete centros, llega después de que el ministro Zoido anunciase que un grupo de trabajo revisaría el modelo vigente en estos centros y señalase necesaria la construcción de tres nuevos.
