Jaume Alonso Cuevillas (c), uno de los abogados de Puigdemont, comparece tras la decisión judicial. / EFE
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El juez del Tribunal de primera instancia belga que debe decidir sobre la entrega a España del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y cuatro exconsellers hará público su fallo el próximo 14 de diciembre, coincidiendo con la presencia en Bruselas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para asistir a una cumbre europea, y a pocos días de que se celebren las elecciones del 21D.

Así lo anunciaron Paul Bekaert, Christophe Marchand y Jaume Alonso-Cuevillas, tres de los 19 abogados que forman el equipo de defensa de los políticos catalanes, al término de la vista que se celebró en la Cámara del Consejo de Bruselas.

El importante dispositivo de seguridad desplegado en la sede del Tribunal permitió a Puigdemont y el resto de reclamados entrar sin ser vistos por el aparcamiento del edificio en que comparten su sede el tribunal y la Fiscalía.

En la vista, la Fiscalía de Bruselas reiteró que avala la extradición de los políticos catalanes por cuatro de los cinco delitos que les imputa la Audiencia Nacional —todos menos el de prevaricación—.

El Ministerio Público cree que los delitos de rebelión, sedición y desobediencia podrían tener encaje en el ordenamiento jurídico belga bajo el marco de “conspiración de funcionarios”, mientras que la malversación de caudales públicos podría corresponder con “malversación por parte de funcionarios”.

La defensa, sin embargo, rechaza esta posibilidad y argumenta que “no debe haber lugar a una extradición” porque, a su juicio, los hechos que se juzgan “no son punibles en Bélgica”, según explicó el letrado Christophe Marchand.

Cuevillas, por su parte, detalló que otro de los argumentos de la defensa es que de ejecutarse las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) habría “muchos elementos para considerar que no habría juicio en España con las garantías que exigen los Tratados fundamentales”.

Tras escuchar a las partes, el juez anunció que se tomará diez días para analizar la causa y presentar su decisión el jueves 14 de diciembre. Las partes tendrán a continuación 24 horas para recurrir, por lo que el día 15 se sabrá ya si el caso pasa al Tribunal de Apelación.

En sus “breves” intervenciones, los acusados defendieron que la convocatoria de un referéndum ilegal no es delito en España desde 2005 (aunque sí se contempla como desobediencia) y lamentaron que se persiga judicialmente su “actividad parlamentaria”.

FuenteEUROPA PRESS
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