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El Ministerio de Hacienda y Función Pública convocó para el próximo jueves 28 de diciembre una reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para analizar las propuestas remitidas por las comunidades autónomas para el nuevo sistema de financiación autonómica y sus alegaciones al informe de los expertos, según informaron a los medios en fuentes ministeriales.

Todas las regiones, salvo Cataluña, entregaron en plazo sus propuestas y alegaciones a las realizadas a finales de julio por los comités de expertos sobre la reforma de la financiación autonómica y la local. Los ‘sabios’ sobre financiación regional propusieron, entre otras medidas, un ‘IVA colegiado’ para que las comunidades autónomas puedan subir o bajar dicho impuesto conjuntamente, mayor capacidad para fijar los copagos, y la armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Así, en el Comité Técnico Permanente de Evaluación, constituido el pasado 2 de noviembre, se debatirán las cuestiones técnicas de la reforma, que elaborará un documento de evaluación con lo que deben ser las líneas de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica, y posteriormente dichas cuestiones serán elevadas al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En paralelo, la nueva comisión del Congreso que se encargará de estudiar la modernización del Estado autonómico tiene previsto cerrar su plan de trabajo el próximo 13 de diciembre, tras su constitución el pasado 23 de noviembre.

Las propuestas y alegaciones de las autonomías, a las que tuvieron acceso los medios, son muy dispares, si bien en el punto en el que hay más consenso es la petición de una nivelación total, seguido de otras propuestas como un incremento del porcentaje de cesión del IRPF, situado actualmente en el 50%.

La Comunidad de Madrid apuesta por la desaparición progresiva del ‘statu quo’ y defiende que los porcentajes de cesión deben ser iguales para todas las comunidades, si bien ve positivo el reforzamiento de la cesta de tributos compartidos (ITAC), en especial un aumento de la cesión del IRPF; y aboga por conseguir el equilibrio entre la nivelación y la ordinalidad. Dado que el coeficiente actual es del 75% y se aplica a todos los ITAC, y que en el nuevo sistema para el IVA y los impuestos especiales subiría al 100%, a su juicio el coeficiente de nivelación por el resto de tributos no debería superar el 60%.

Andalucía defiende que la equidad y nivelación se debe cumplir y la ordinalidad ha de discutirse “políticamente”, al tiempo que demanda unos 20.000 millones de recursos adicionales como mínimo, armonización tributaria, y estudiar detalladamente la población ajustada, utilizando mientras la población padrón, punto en el que coincide Asturias, que cree además que debe avanzarse hacia cálculos de coste standard, para lo que debe crearse un grupo de trabajo. También apoya la nivelación total y se opone a primar el llamado principio de ordinalidad.

Parámetros Sociales

Castilla y León y Galicia piden que el sistema de financiación tenga en cuenta parámetros sociales como el envejecimiento de la población. Desde Valladolid pedirán dos tramos de 75 y 85 años —ahora hay uno sólo a partir de 75 años— para recalcular el coste de la población mayor de cara a la negociación y entre “otros indicadores relevantes” en servicios sociales, que se tenga en cuenta el número de dependientes y su grado o el tipo de prestaciones que reciben.

Galicia también aboga por una nivelación plena al cien por cien y que solo haya un fondo principal que integre toda la capacidad tributaria y toda la aportación del Estado, y cuantifica que las revisiones del Fondo de Suficiencia Global (FSG) le han supuesto una pérdida acumulada de 11.000 millones, mientras que Castilla y León y Cantabria exigen compensación por lealtad y que no se elimine el ‘statu quo’ si no se pasa a un coste standard. La Rioja apuesta por la mayor igualación posible entre autonomías.

Castilla-La Mancha, otra de las regiones que pide nivelación plena y armonización de impuestos, defiende que los recursos iniciales deben tener en cuenta el gasto necesario para garantizar los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos, y que la concesión de los indicadores para medir dichas necesidades tomen como referencia el modelo australiano en este sentido.

FuenteEUROPA PRESS
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