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El exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados ha afirmado que recurrirá al Tribunal Supremo la condena de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional por el ‘chivatazo’ que le dio un guardia civil sobre que estaba siendo investigado en el marco de la operación ‘Púnica’. Asimismo, ha advertido que llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si hace falta porque se han vulnerado sus derechos fundamentales.

Según informaron fuentes presentes en la causa, la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal tiene “la puerta abierta abierta” al recurso de casación por dos circunstancias: la primera que los hechos expuestos en esta resolución no cumple con los “requisitos de tipicidad” y la segunda porque las intervenciones telefónicas son “nulas”.

El abogado de Francisco Granados, José Javier Vasallo, ya expuso durante el juicio que se celebró entre el 14 y 16 de noviembre, que los ‘pinchazos’ telefónicos durante la instrucción de la causa son “intervenciones en prospección y que infringen las reglas del control jurisdicciona”. Ahora, la defensa del que fuera consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid tratará de que el Supremo les de la razón en este sentido.

Las fuentes consultadas explicaron que el auto que justifica las escuchas no es “válido” para responsabilizar a alguien del delito de revelación de secretos. “Tiene que haber un auto específico que autorice la intervención telefónica, no vale el auto de causa general para justificar una pieza separada”, apuntó y recordó que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo al respeto.

“Las intervenciones son nulas y la Sala ha hecho muchos folios, un alarde en mayor defensa del criterio del fiscal”, dijeron. En este sentido, las mismas fuentes indicaron que las escuchas “son cuestiones de derechos fundamentales” y que la defensa mostró su disposición a llegar hasta Estrasburgo si no le dan la razón antes sobre la vulneración de los mismos.

La Audiencia Nacional dio a conocer ayer lunes la sentencia en la que se condenan a dos años de prisión al exconsejero madrileño Francisco Granados y al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino por el ‘soplo’ que éste último dio al político. También ha sido condenado a un año y medio al agente del Instituto Armado José Luis Caro Vinagre.

Investigación

Según los magistrados Manuela Fernández Prado, Nicolás Poveda (quien emitió un voto particular en el que se muestra conforme con las penas impuestas en la sentencia, si bien discrepa de los hechos probados y del contenido de la fundamentación de las mismas) y Ramón Sáez Valcárcel la revelación produjo “un intenso” daño sobre la investigación de la ‘trama Púnica’ y al “esclarecimiento de los delitos e identificación de sus autores y partícipes”.

El tribunal señala en su sentencia que a raíz del ‘chivatazo’, causa que supuso la conformación de una pieza separada denominada ‘pieza I Talamino’, los investigados “cambiaron sus conductas” al saber que estaban siendo “seguidos”, por lo que “dejaron de utilizar los teléfonos y cuando lo hacían, hablaban poco, dificultando las pesquisas sobre sus negocios”.

Asimismo, los jueces apuntan que “se hizo imposible la recuperación de parte del dinero que procedía de las adjudicaciones de obras y servicios y de la retribución a autoridades locales y autonómicas”.

Francisco Granados y el guardia civil José Luis Caro Vinagre han sido condenados como autores de un delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público, mientras que a Talamino se le considera responsable de un delito de violación de secreto agravado.

FuenteEuropa Press
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