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El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid que investiga el denominado caso de ‘La Perla Negra’ recibió un nuevo anónimo que incrimina a los componentes de la mesa de contratación de la Agencia de Desarrollo que aprobaron el alquiler con opción a compra del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de La Encomienda, a quienes acusa de haber dado apariencia de normalidad a la posterior compra del inmueble, tasada en 52 millones, al confrontar dicho importe con los 100 que hubiera supuesto ocupar el edificio en régimen de alquiler.

El escrito del informante anónimo fue incorporado a la causa por el juez César Gil Margareto y puesto en conocimiento del resto de partes personadas en el proceso, al igual que el recibido semanas antes, también de origen desconocido, que ‘apuntaba’ en aquel caso al exconsejero de Economía Tomás Villanueva, ya fallecido, a quien se atribuía una supuesta casa en Miami y elevados costes, no acordes a su sueldo, pagados por los estudios de sus hijos en España y EEUU.

El nuevo anónimo que consta de siete páginas y es de “muy discutible encaje procesal” por su origen desconocido, según algunas de las partes en la causa, sitúa ahora en el disparadero la actuación de los integrantes de la mesa de contratación de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León que con fecha 20 de abril de 2016 aprobaron el alquiler de ‘La Perla Negra’ por 100 millones con opción a compra pues, según advierte, aunque propusieran esta segunda posibilidad supeditada a una tasación previa, “lo que realmente suponía sobrecoste era el alquiler y no la opción de compra”, tasada finalmente en 52 millones.

A este respecto, el denunciante anónimo sostiene que los razonamientos que llevaron al presidente y el vocal de control de gasto de la mesa de contratación, J.A.M.M. y J.J.G.A, respectivamente, a plantear la opción de compra (tasación una vez concluido el edificio), “con mucho mayor motivo tuvieron que llevarles a desaconsejar el alquiler durante quince años, pues el importe de arrendamiento era notablemente superior al de compra”, si bien, como así añade el escrito, ni uno ni otro, con responsabilidades en la supervisión de actividades en la agencia, informaron a sus superiores del “evidente sobrecoste del alquiler”, con presuntas responsabilidades por ello en un delito de prevaricación por “acción” y “omisión”.

CONNIVENCIA

Pero además, se alude a una supuesta “connivencia” con la empresa adjudicataria, Urban Proyecta, que tuvo conocimiento de forma anticipada a las condiciones del pliego, pues “solo así puede entenderse que renunciara a un contrato de arrendamiento de 100 millones por otro de venta por casi la mitad (52 millones)”.

Con ello, continúa el anónimo, “se ha dado apariencia de normalidad al hecho de que se adquiriera un edificio por 52 millones, cuando valía 39”, dando la apariencia de ahorro frente a los 100 millones que hubiera supuesto el alquiler del inmueble.

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