El juez archiva la causa penal para los exconsejeros de Caja Segovia

Motivos. Considera que el caso no debe continuar por no haber acusación particular y ni del Ministerio Público

f. descalzo/ segovia

El Juzgado número 5 de Segovia ha acordado el archivo de las diligencias penales que viene instruyendo desde hace casi cinco años sobre la responsablidad de los antiguos consejeros y directivos de Caja Segovia en el conocido como ‘caso Torreón’. El juez basa su dictamen en que la Fiscalía no ha presentado acusación, ni tampoco lo ha hecho la Fundación Caja Segovia, personada como acusación particular. Ésta presentó el mes pasado un escrito diciendo que desistía del ejercicio de la acción penal “con reserva de acciones civiles”. Se queda sola IU como parte, representando a la acusación popular.

Cada uno de los doce antiguos consejeros se enfrentaba a una petición de ocho años de cárcel, según pedía Izquierda Unida (IU). Además de las penas de prisión, IU solicitaba multas de 24 meses a una razón diaria de 50 euros.

IU consideraba responsables de un delito de administración desleal que ocasionó un “grave perjuicio” a la entidad al perder parte del patrimonio que debía haber recibido la Fundación Caja Segovia, heredera de la Obra Social de Caja Segovia. Y por ello había pedido la apertura de juicio oral contra Atilano Soto, Manuel Agudíez, Elena García Gil, Fernando Acebes, Juan Ignacio Antón, José Pablo Lozoya, Miguel Ángel de Vicente, José Luis Sanz Merino, Jesús Yubero, Concepción Monte, Alfredo Velasco y Antonio Rodríguez Belloso.

La Fiscalía, por su parte, se había mostrado varias veces partidaria de archivar el caso. Pero desde la Audiencia se pidió reabrir el caso.

El juez da así carpetazo al asunto basáncose en la ‘doctrina Botín’ y en el ‘caso Atuxa’, que se han popularizado con el caso de la Infanta Cristina. Según aquella, el Tribunal Supremo entiende que si el fiscal y la acusación particular no acusan a una persona, ésta no puede ser juzgada, aunque sí le acuse la acusación popular. Es decir, que la acusación popular no es suficiente para sentar en el banquillo a una persona si además no formula acusación contra ella el Ministerio Público o la víctima del delito. En este caso no es una persona, sino varias (los exconsejeros). La doctrina Botín fue luego matizada por la doctrina Atuxa , según la cual en los delitos en que no pueda haber un perjudicado (o que los perjudicados resulten difusos), debe aplicarse la regla general de que puede acusar cualquiera como acción popular.

Así es como el juez segoviano dictamina que en este caso existe un perjudicado principal, que es la Fundación Caja Segovia (acusación particular), la cual ha pedido el sobreseimiento del caso. “Y no están en juego los intereses colectivos y difusos que proteger, al tratarse de un delito de administración lesleal con posible perjudicado patrimonial concreto”.

Los responsables de la antigua entidad de ahorro habían acordado solicitar un préstamo de unos 7 milloens de euros a Bankia que contemplaba la hipoteca del Torreón de Lozoya y otros edficios emblemáticos de la ciudad. Dicho préstamo fue solicitado para hacer frente al pago de una deuda tributaria de la empresa Navicoas Asturias, en concurso, pero participada por Caja Segovia, para evitar una sanción por parte de la Agencia Tributaria.

Sorpresa en el Consejo Como se recordará, este caso se abrió tras publicar EL ADELANTADO DE SEGOVIA la existencia de dicha hipoteca, la cual era desconocida por algunos de los propios consejeros que supuestamente la habían aprobado.

Fueron ellos quienes se dirigieron al Juzgado por entender que dentro del propio Consejo de la Caja se había actuado a sus espaldas. El juez abrió diligencias e imputó en principio al presidente de la entidad, Atilano Soto, y al director general. Más tarde, el juez decidió hacer tabla rasa e imputar por igual a todos los miembros del Consejo de Administración.

En el transcurso del proceso, unos pocos consejeros fueron saliendo indemnes por haber dimitido del Consejo o bien por no haber participado en la reunión que se consideraba clave. Otros llegaron de nuevas a ese “fatídico” verano de hace cinco años, pero participaron en la votación, aunque fuera por asentimiento.

Por ello para la gran mayoría de los investigados, este tiempo ha sido un calvario. Muchos han tenido que prestar declaración ante el juez en un proceso mediático, con manifestaciones y concentraciones públicas, como la multitudinaria que se organizó el 27 de octubre de 2012 frente a la sede central de Caja Segovia, con casi un millar de participantes. El “paseillo” de los consejeros acudiendo al Juzgado de la Avenida Ezequiel González también fue considerado vejatorio por muchos investigados. La mayoría de ellos afirmaron que desconocían que existiera hipotecas, y también los informes jurídicos en los que se exoneraba a Caja Segovia de hacerse cargo de la deuda de Navicoas.

Ha sido ahora cuando el juez ha dictaminado el archivo de la causa a través de un auto de fecha 14 de julio, y que aún puede ser impugnado.

En posible que la formación política que José Angel Frías, presente el oportuno recurso de reforma y subsidiario de apelación, para lo que cuentan con un plazo de tres y cinco días respectivamente, desde el momento en que les sea notificado el auto.

FuenteF. D. 
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