Un ganadero agrede a un agente medioambiental con dos puñetazos

Los profesionales reclaman a la Junta y al Ministerio de Interior medidas que eviten los riesgos que supone su trabajo

Un agente medioambiental sufrió el pasado domingo una agresión por parte de un ganadero cuando el primero realizaba labores de desalojo de caballos en una zona en la que no podían pastar.

El hecho se produjo en presencia de algunos testigos que mediaron y se interpusieron para evitar que la agresión fuera a más. Ocurrió en una finca del término municipal de San Ildefonso. El suceso ha sido denunciado ya ante un Juzgado de Segovia y puesto en conocimiento de la Inspección Provincial de Trabajo.

Los propios agentes medioambientales han advertido de que llevan años alertando del riesgo que supone su trabajo, y piden al Ministerio de Interior y a la Junta que adopten cambios normativos para que pongan a estos funcionarios en el mismo nivel de protección que el resto de policías. Recuerdan que existen varios antecedentes sobre agresiones físicas, tanto en la provincia de Segovia —recientemente en Coca y con anterioridad en Cantalejo—, como en otras; la última más grave ocurrió en Lérida, con resultado de dos agentes fallecidos.

En el caso de Segovia, según la asociación de agentes forestales, la agresión se produjo durante las operaciones de desalojo de animales equinos que carecían de licencia de pasto en un monte público y dentro de lo que se consideran servicios sin peligrosidad “puesto que en principio los agentes no se enfrentan a personas armadas”. “Sin embargo —añaden— ha sido en este tipo de operaciones donde un ganadero ha propinado dos puñetazos en el pecho a un agente medioambiental. Testigos presenciales se interpusieron entre el agresor y el agente evitando que la situación fuera a más, ya que el ganadero iba pertrechado con un palo en la mano”.

Desde AEAFMA (asociación española) y APAMCYL (regional) se advierte desde hace más de 10 años que las condiciones en las que desarrollan su trabajo estos agentes de la autoridad no se ajustan a su carácter jurídico ni al rol que deben desempeñar como policía medioambiental en el medio rural. De acuerdo con sus datos, en el último año en España se han producido más de 35 agresiones físicas, y continuamente se enfrentan a agresiones verbales que deben soportar estoicamente al negarse por parte de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno la incoación de expedientes administrativos sancionadores por insultos, al no ser considerados Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Este sector ha contactado con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para impulsar los cambios normativos necesarios. Pero también reclaman a la Junta respuestas a sus peticiones: “Ni el consejero de Fomento y Medio Ambiente, ni el presidente de la Junta se toman el asunto con la importancia que se merece”. Además el pasado 24 de marzo se comunicó a los nueve servicios provinciales de Medio Ambiente de Castilla y León la necesidad de que los trabajos de vigilancia se realicen en pareja y si fuera necesario en los festivos y fines de semana se completen servicios con agentes de comarcas limítrofes.

FuenteE. A. 
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