Los sindicatos se manifestarán el día 24 para exigir la eliminación de las tasas de reposición

CCOO, UGT y CSI-F pedirán también volver a las 35 horas semanales para los funcionarios

Las centrales sindicales firmantes del Acuerdo Marco de Modernización de la Función Pública

—CCOO (Área Pública), UGT y CSI-F de Castilla y León— van a iniciar una campaña de movilizaciones para exigir al Gobierno central que este año se vuelva a las 35 horas de trabajo a la semana y se eliminen las tasas de reposición. Las protestas, que se realizarán en las nueve capitales de provincia, están convocadas el martes 21 en Salamanca, Valladolid y Burgos; el miércoles 22, en Zamora, Palencia y León; y el viernes 24 en Segovia, Ávila y Soria —todas ellas frente a las Subdelegaciones del Gobierno—.

Según informaron ayer desde Comisiones Obreras, los tres sindicatos piden al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy “que haga las modificaciones normativas necesarias que permitan a las administraciones autonómicas aplicar la jornada de 35 horas a sus empleados públicos —y su adaptación a la situación específica del ámbito docente por una parte, y del sanitario por otra en el que muchos trabajadores se ven obligados a trabajar 16 días más a costa de sus descansos—, una posibilidad que ahora está paralizando y bloqueando, a pesar de que algunos gobiernos regionales, como es el de Castilla y León, han expresado ya su voluntad de recuperarla”.

Los datos que manejan los sindicatos indican que la aplicación de las 35 horas semanales podría generar unos 4.000 puestos en la Comunidad de manera inmediata. Asimismo, remarcan la importancia de que la tasa de interinidad de los empleados públicos, que ahora está elevada hasta el 30 por ciento en algunos sectores, baje hasta el 8 por ciento.

Asimismo, CCOO, UGT y CSI-F instan al Congreso a que apruebe, “cuanto antes, unos Presupuestos Generales para 2017 que posibiliten una oferta de empleo público extraordinaria, con la eliminación de la tasa de reposición, que suponga el inicio de la recuperación de los empleados públicos perdidos desde el inicio de la crisis en el año 2010”. En el caso de Castilla y León son unos 15.300 los empleos públicos que las administraciones han reducido, según los datos compilados por los sindicatos.

FuenteV. Labrador 
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