La Junta comienza a retirar los residuos irregulares de Fuentepelayo

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, informó de que las operaciones de retirada, transporte y procesado se realizarán en dos semanas

Una empresa especializada, con sede en Castilla y León, comenzará a retirar los más de 3.000 metros cúbicos —alrededor de 2.100 toneladas de residuos orgánicos— esparcidos por terrenos del municipio de Fuentepelayo y aledaños y procedentes de la planta de tratamiento de Agraman en esta localidad segoviana.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de visita ayer en Segovia, recordó que la administración autonómica había requerido a la citada empresa para que retirara con sus propios medios los residuos para su procesado posterior en una planta distinta. Sin embargo, una vez comprobado que no se ha llevado a cabo, el 20 de diciembre la Consejería declaró la actuación de emergencia y la ejecución subsidiaria, por lo que el pasado día 5 se procedió a contratar el servicio con una empresa especializada por un importe de 85.000 euros.

El consejero anunció el inicio de las operaciones para hoy mismo, miércoles 11 de enero, y añadió que posteriormente se transportarán los residuos a una planta de tratamiento ubicada en la Comunidad Autónoma. Suárez Quiñones sostuvo la retirada será realidad en un plazo máximo de dos semanas.

Como responsable del Gobierno regional, defendió su actuación “desde el principio, con la actitud diligente del delegado territorial de la Junta en Segovia”, a través de actuaciones administrativas necesarias para determinar si había una situación irregular. En este sentido, recordó que se adoptaron medidas como la paralización de la entrada de residuos en la planta de tratamiento de Agraman (Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales S. L.).

Posteriormente fue cuando se requirió “la retirada de los residuos que estaban en las fincas, esos depósitos que se veían, que eran ostensibles, que preocupaban y que, en definitiva, no autorizamos a que se procesaran en la misma planta; había que retirarlos y llevarlos a una planta distinta”, apostilló Suárez-Quiñones.

No es la primera vez que el consejero hace anuncios sobre el procedimiento seguido por la Junta contra esta instalación ubicada en el municipio de Fuentepelayo. El pasado mes de agosto informó de que se iban a llevar a cabo de forma “inmediata” la adopción de medidas cautelares para la retirada de los depósitos orgánicos identificados por perrsonal de la Administración autonómica en doce parcelas próximas a la planta de tratamiento.

Ayer explicó que el tiempo transcurrido desde ese anuncio hasta la ejecución de la medida de forma subsidiaria se debe a que hay que cumplir una serie de requisitos legales: practicar actuaciones, con las audiencias necesarias, plazos para alegaciones, que hay que resolver, etc.

Añadió que la Consejería retira los residuos de forma subsidiaria y sin perjudicio de los recursos que la empresa expedientada pueda presentar.

Por su parte, la Administración intentará aplicar el coste de las operaciones y las sanciones que procedan conforme a la normativa medioambiental y sanitaria.

Sociedad y partidos El consejero de Fomento y Medio Ambiente no olvidó mencionar ayer la presión ejercida desde la plataforma ‘No más mierda’, nacida en Fuentepelayo y que ha contado con apoyos de diferentes colectivos de la sociedad segoviana, así como desde todos los partidos políticos de la provincia o la labor realizada por responsables de otras administraciones como el propio alcalde de Fuentepelayo, Daniel López Torrego.

Los procesos siguen en marcha

El responsable de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, afirmó que tanto los expedientes administrativos abiertos contra los responsables de la planta de Agraman en Fuentepelayo, al menos tres por infracción muy grave con propuesta de sanción, como el proceso judicial abierto por la vía penal en el Juzgado de Cuéllar, continúan su tramitación e instrucción, respectivamente.

Añadió, sin embargo, que la Junta de Castilla y León ha entendido que tiene que ejecutar medidas, “independientemente de que se recurran, en protección de la ciudadanía”. El responsable del Gobierno autonómico sostuvo que se ha actuado de forma rápida y con todas las garantías. “A veces se entiende mal porque parece que la Administración tarda en actuar pero estamos en un estado de derecho que ofrece determinadas garantías”, dijo Suárez-Quiñones.

FuenteGonzalo Ayuso 
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