Los sindicatos alertan de pérdida de empleo por nuevas privatizaciones en los juzgados

Un grupo de funcionarios y trabajadores protagonizó ayer una concentración frente al Palacio de Justicia contra el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La aprobación el pasado día 3 en el Consejo de Ministros del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil “consagra la privatización de los actos de comunicación y de los embargos” que en este momento realizan los empleados de la Administración de Justicia. Así se expresaba ayer Roberto Alonso, delegado de CCOO, durante la concentración que protagonizó un grupo de unos veinte funcionarios y trabajadores frente al Palacio de Justicia de Segovia entre las 11,30 y las 12,30 horas.

Convocados por CCOO, junto al resto de sindicatos de la Plataforma Unitaria de la Administración de Justicia, los concentrados protestan por una medida que supondrá la pérdida de más puestos de trabajo, a juicio de los representantes sindicales de los empleados públicos.

Aunque Alonso no pudo precisar el número de empleos que podrían verse afectados en Segovia por esta medida en concreto, sí explicó que, junto a otras ya anunciadas como la privatización de los registros civiles únicos y exclusivos, recortes y otras medidas de reestructuración y organización judicial, sumarían en torno a 13.500 puestos de trabajo en toda España.

La citada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil amplía las funciones de comunicación y ejecución de los procuradores, lo que a juicio de la plataforma convocante “dejará sin competencias a miles de funcionarios del Cuerpo de Auxilio y a gran parte de los Servicios Comunes”.

Además, añaden que el procurador ya no necesitará testigos, “puesto que ostentará la capacidad de certificación; es decir, tendrá carácter de agente de la autoridad”.

“El Ministerio de Justicia amenaza nuestros puestos de trabajo, al otorgar a los procuradores funciones en todo el proceso de ejecución de la sentencia, excepto en los lanzamientos”, señalan desde la Federación de Servicios Públicos de Comisiones Obreras.

Según la Memoria 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a diciembre del año pasado en la provincia había un total de 22 funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Auxilio Judicial en juzgados, 3 en la Audiencia Provincia y 2 en servicios comunes procesales, decanato, SCALE y registro civil.

FuenteGonzalo Ayuso 
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