Los mayores con mayor grado de dependencia son el objetivo número uno del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que se ha propuesto iniciar esta semana una reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para mejorar la actual norma, según indica el documento de renovación del departamento que preside Ana Mato.
El texto advierte de que «el sistema es ineficaz y hay que modificarlo» para, entre otras medidas, «priorizar la atención a los más crónicos». La intención es que la nueva ley llegue al Consejo de Ministros la segunda semana de julio, tras pasar por la reunión territorial formada por comunidades y Ministerio a primeros de mes.
El documento para la reforma expone seis razones por las que «se proponen mejoras» y que serán trasladadas a los responsables autonómicos en la materia en una serie de encuentros «a distinto nivel» que arrancarán esta semana, según fuentes de Sanidad.
No serán las primeras entrevistas, ya que en el pasado mes de mayo se produjo una reunión de directores generales del ramo en la que se expuso la necesidad de acometer reformas, especialmente por problemas de financiación. En aquel encuentro se puso sobre la mesa la posibilidad de reducir la atención a los casos más graves, es decir, los grandes dependientes (grado III) y los severos (grado II).
En cuanto a la atención, Sanidad argumenta que si bien los cuidados en el entorno familiar, es decir, los no profesionales, eran la excepción, éstos «se han convertido en la regla general» y las ayudas para ellos no se utilizan como debieran. «El cambio en las condiciones socioeconómicas y el desempleo en los hogares ha generado que miembros de la unidad nuclear decidan atender a los dependientes en el domicilio, a la vez que reciben una ayuda económica por realizarla. La prestación pasa así a considerarse renta de cada entorno familiar, complementando los ingresos o supliendo su falta», asegura el Ministerio.
Además, el texto considera que el dinero transferido por el Gobierno a las comunidades «no ha priorizado el mayor esfuerzo en servicios», ya que en estos cinco años de vigencia las que han desarrollado una mejor atención «no son las que más fondos han recibido» en relación a la población dependiente, y alega que se ha producido un «desfase» entre las previsiones iniciales de la norma y sus resultados al cabo de un lustro, con 326.000 personas atendidas más de las previstas, y 2.700 millones de euros más de coste.
Mientras, ayer se conoció que el departamento de Salud de la Generalitat calcula que cada ciudadano pagará de media 13 euros al año con la nueva tasa del euro por receta que entrará en vigor el próximo sábado, un concepto con el que el Gobierno regional prevé recaudar unos 100 millones de euros al año -50 millones en 2012- y que tiene un «objetivo disuasorio» en el consumo de fármacos.
El conseller Boi Ruiz señaló que esta nueva tasa «nunca supondrá una barrera de acceso» a los tratamientos, porque este aumento no afectará a unas 127.000 personas receptoras de pensiones no contributivas y de la renta mínima.
